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patrimonio, moral o material, consecuencias no queridas por el Derecho imputables a otras
personas. (..) Ahora bien, tratándose de daños ambientales es sumamente difícil justificar lesiones
individualizadas o, incluso, puede haberse producido un «daño ecológico puro», al margen de
cualquier connotación patrimonial, de trascendencia colectiva. Por lo tanto, si ante realidades tan
frecuentes como la descrita no existe un individuo directa y personalmente afectado –y, en cuanto
tal, legitimado activo- será necesario arbitrar nuevas fórmulas de legitimación que, como a
continuación se expone, descansarán en el Estado, en el individuo como demandante popular y
en asociaciones de protección del medio ambiente.» GOMIS CATALÁ. L. (1998): Responsabilidad
por daños al medio ambiente, Aranzadi, Navarra, p.p.. 198 y 199.
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GARCÍA ÁLVAREZ expone, en el mismo sentido, que parece claro que si bien la legitimación
estatal –en tanto que es el Estado el representante natural de la colectividad y guardián de los
intereses generales- es esencial, no debiera ser exclusiva, por los conflictos de interés (porque los
intereses económicos o políticos sean con creces superiores a los ambientales o porque la
Administración tenga participación directa o indirecta en el negocio) al posible papel de la
administración como actor contaminante, a su inactividad o falta de recursos, a la corrupción, etc.
GARCÍA ÁL