Confrontación o diálogo para transformar la educación
4. Es una reforma que recupera la solución que se puso en práctica hace un cuarto de siglo y que en este tiempo ha demostrado claramente su incapacidad para mejorar la educación. En 1989 se planteó la necesidad de “modernizar” la educación mexicana, y la propuesta consistía en buscar “la calidad” mediante la evaluación. Evaluación de maestros, con la Carrera Magisterial, evaluación de académicos (estímulos) y evaluación de estudiantes. Después de 24 años y de más de 110 millones de personas evaluadas, miles de escuelas y programas de estudio sujetos a escrutinio, nadie pone en duda que esas iniciativas no han generado un claro mejoramiento y no hay quien no reconozca que la situación general de la educación sigue siendo muy mala. También entonces se dijo que se respetarían y retomarían las culturas y la diversidad regional y sin embargo se impuso desde el comienzo mismo una evaluación única, uniformadora, ciega a las diferencias entre culturas pero también a las que existen entre los maestros y estudiantes que son de la ciudad y los del campo, los de clase media y los de clase popular, los que tienen otra lengua materna, etc. Es una evaluación que mide a la nación de acuerdo con una sola visión de lo que debe ser un buen estudiante y un buen maestro o una buena escuela. Hoy se hacen promesas iguales a las de dos décadas atrás, pero es muy probable que otra vez en el futuro nos volveremos a encontrar en la misma situación de fracaso. Las evidentes lecciones de la historia son un arma importante de reflexión para maestros y comunidades. 5. Una reforma sumamente agresiva contra los trabajadores de la educación y que va a deteriorar profundamente el ambiente escolar. La reforma implica trasladar a los maestros a un estado de excepción, con condiciones de trabajo que no tiene el resto de los trabajadores al servicio del Estado. Es decir, a diferencia de otros trabajadores públicos, y según las leyes secundarias que habrán de aprobarse, los maestros tendrán que someterse a exámenes periódicos, y, en su caso, serán puestos en capilla, con un vigilante o tutor asignado para conducirlos. Y eventualmente, la evaluación servirá para que los maestros sean despedidos o, al menos, privados de su función como docentes y enviados a trabajos administrativos (Arts. 47 y 48 y transitorio 8 de la propuesta de Ley General del Servicio Público Docente, LGSPD). También tendrán de ahora en adelante, contrataciones “a prueba” o con un periodo de “inducción”; apertura discrecional de procedimientos de sanción contra los docentes (Arts. 20 y 68) y hasta se propone que en represalia por algún paro de labores, el gobierno federal podrá recortar el presupuesto de todas las escuelas del estado, que buscaría provocar la reacción de los padres de familia en contra de los maestros (en propuesta de Art. 25 en la Ley General de Educación). Estos son meros ejemplos porque se prevén sanciones y despidos por varios aspectos más. Típicamente, las sanciones son a partir de evaluaciones que han sido comprobadamente injustas por ser uniformes, discriminatorias y sumamente superficiales. Son evaluaciones –como 16