Reflexiones / Abril, 2016 21
INVITADO
Ciudad
Voto prisionero
Eduardo Hernández
El tema electoral siempre será motivo de controversia entre los actores políticos, en el eslabón estatal y nacional, sobre todo por el grado superlativo en nuestra contemporaneidad presente, marcada por la desconfianza en extremo total que ya generó una considerable y creciente carestía de los procesos electivos para con los cargos populares en cualquier entidad federativa, pero aún más en Tabasco.
La suspicacia en toda elección tiene su esclarecimiento en las artes para nada legítimas, que contravienen a los principios constitucionales establecidos a los órganos administrativos, pero que son omisos a los partidos políticos, candidatos a cargo popular alguno, y sus respectivos equipos de campaña que, ante la incompetencia y sin argumentos para convencer a los votantes, recurren a la trampa, a los actos fraudulentos entre sí.
No son los órganos administrativos electorales: el árbitro de los comicios, quienes faltan a legalidad y certeza sino las partes que participan en una descarnada ambición por hacerse de las mayores posiciones de gobernabilidad ejecutiva y legislativa, que se entiende deben ser para beneficiar a la sociedad, y no es así.
En Tabasco, por historia desde nuestra constitución como Estado precursor del Pacto Federado Mexicano, hemos sido nosotros quienes organizamos nuestras elecciones con la correspondiente civilidad en competencia, que hoy se pretende observar con el traslado a un innecesario pacto y/o acuerdo dado por la coyuntura.
Función organizativa que en principio fue competencia de una comisión estatal electoral, entonces dependiente del Gobierno del Estado, que dejó de tener vigencia en marzo de1991, para dar paso a la institucionalidad de un órgano administrativo con independencia y personalidad jurídica, éstas adquiridas desde 1993 a la actualidad.
La organización de las elecciones no sería para nada cara, como alude Nurith Angélica Reyes, consejera del INE, de no haber esa suspicacia que ha llevado a asignar recursos públicos a los partidos políticos para sus actividades ordinarias y campañas, todo para evitar intereses externos que les comprometan, donde el narco se ha incorporado; así como la impresión de boletas electorales en papel y con candados de seguridad, sin demérito de la expedición de las credenciales de elector, cuando antaño no había nada de ello.
Si ha o no lugar a la pertinencia de desaparecer aquí al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, como los demás órganos públicos locales del país, tendrá que ser motivo de un amplio análisis a nivel nacional, coordinado por el Senado de la República que tiene entre sus atribuciones realizar las pertinentes reformas políticas, como la reciente de gran calado que hubo en 2014, a nuestra Carta Política Federal que es la Constitución.
Si fuese el caso deberá sustentarse desde una arista estructural, como lo planteado con razón por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso: José Antonio de la Vega Asmitia, y no la reiterada coyuntura: la ocurrencia en la que arropan diputados, incluso de su fracción legislativa.
No se puede eludir que la Distritación del Instituto Nacional Electoral es distinta a la Local, que en el caso de Tabasco donde, si bien ambos están regidos por el criterio poblacional, son distintos uno respecto del otro; lo que genera una compleja la logística, difusión de tendencias, y cómputos finales de los resultados oficiales por lo que compete a los diputados, presidentes municipales y el Gobernador del Estado.
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