Brasil vive con un ojo puesto en el domingo 13 de marzo y el otro en el goteo cotidiano de denuncias, acusaciones y especulaciones. Con eso, el gobierno de Dilma Rousseff permanece acorralado en un callejón sin salida, mientras la crisis económica gana volumen y la crisis política se agudiza.
Los datos consolidados de 2015 empiezan a ser divulgados y los resultados superan incluso las proyecciones más pesimistas. Ya se prevé para 2016 una retracción de por lo menos 3.6 por ciento en el PIB, y se asegura que la actual recesión –la peor de los últimos 25 años– persistirá. Algunos integrantes del equipo económico dicen que a partir del tercer trimestre habrá una reversión, para mejor, en el cuadro enfrentado por el país. La verdad es que nadie, en el empresariado o en el sacrosanto mercado financiero, cree en eso. Al contrario: el mercado ya opera, a partir de los últimos días, con la perspectiva de un cambio de gobierno. Se da por descartada la permanencia de Dilma Rousseff en la presidencia. Su salida se dará, dicen los entendidos en el accionar de los mecanismos del mercado financiero, por renuncia o a través de un golpe institucional en el Congreso. O, por último, queda otra alternativa: que el Superior Tribunal Electoral impugne la victoria de la presidenta en las elecciones de 2014.
Desde el pasado jueves la dinámica de la crisis política pasó a una velocidad de vértigo. Una revista semanal anticipó en dos días su llegada a los kioscos para divulgar que Delcidio Amaral, que hasta noviembre de 2015, cuando fue arrestado, era el líder del gobierno en el Senado, hizo un acuerdo de delación premiada. O sea, aceptó contar lo que sabe a cambio de volver a casa. En su denuncia, Amaral miró a los blancos más deseados por el esquema mediático-policiaco-jurídico: el ex presidente Lula da Silva y, por primera vez, la actual mandataria, Dilma Rousseff.
De acuerdo con lo que publicó la revista, Amaral dijo que Lula sabía de todo el esquema de sobornos y corrupción en Petrobras, y Dilma trató de intervenir en las acciones judiciales, al indicar para el Tribunal Superior de Justicia un juez cuya función básica sería actuar en favor de empresarios presos por la Operación Lavado Rápido.
Poco importa que el mismo Delcidio Amaral, así como sus abogados, haya afirmado que no reconocía los términos de la supuesta delación. Algunos juristas comentan que quizás ese no reconocimiento se deba a que los términos de la supuesta delación todavía no fueron homologados por la Corte Suprema.
www.jornada.unam.mx / Eric Nepomuceno
Redacción Reflexiones
gOlpe encubierto DE OLIGARQUIA BRASILEÑA
Se agudizan en Brasil las crisis política y económica
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Reflexiones / Abril, 2016 11
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