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Comunas del norte de Pichincha abandonan la justicia indígena
Entrada a la comunidad Guallaro Chico, ubicada en las cercanías de Tacundo. Foto: Patricio Ulloa
“La policía nacional interviene de manera regular en los casos de delincuencia en nuestra comunidad” asegura Edgar Alcocero, presidente de la comuna Guallaro Chico, ubicada en las afueras de Tabacundo. El dirigente añade que se renuncia a la justicia milenaria porque puede generar “demasiada violencia”.
En la comunidad de Chaupiloma (situada en los alrededores de Cayambe) los miembros aún tienen presente el último caso sucedido hace 6 meses. En el hecho se pretendía quemar vivo a un presunto asesino conocido como el “Negro Quiñonez”, sin embargo las autoridades detuvieron este hecho. María Ester Cabascango, miembro de la comunidad de Loma Gorda, recuerda el último caso de justicia indígena en el 2006, cuando un acusado de robo fue incinerado y los actores de este hecho aún permanecen presos.
María explica que, su comuna está organizada para el patrullaje comunitario debido a que la presencia policial no es constante. No obstante, añade que años atrás todos los miembros eran “obligados” a participar en este tipo de justicia; hoy en día la comunidad prefiere evitar estas prácticas. Otro es el caso de los baños de purificación. Este ritual, donde los sometidos toman duchas de agua fría con pétalos de rosa y azotes de ortiga, sirve de "escarmiento" para los presuntos delincuentes.
En el cantón Pedro Moncayo, la policía patrulla constantemente dentro de las comunidades aledañas. El sargento Carlos Mejía recuerda un caso “diferente” de justicia indígena hace un año, en la comunidad de San José Chico. Un acusado de violación fue retenido durante una semana y juzgado por el presidente de la comunidad y jueces indígenas. Fue sentenciado a 4 años de labor comunitaria y a entregar 12 mil dólares a la familia de la víctima.
El sargento explica que la policía interviene de manera inmediata si corre peligro la vida del acusado. En la zona, la fiscal de asuntos indígenas, Zoila Cabascango, tiene el poder de llegar a un acuerdo con los líderes de las comunidades para ejercer esta práctica sin violar los derechos humanos. Actualmente, la justicia indígena está protegida por la Constitución del Ecuador y solo los líderes pueden suprimir la práctica ancestral, como sucede en estas comunidades.
Redacción Patricio Ulloa
Unidad de policia de Tabacundo, ubicado en el Km. 42 de la Panavial. Foto: Patricio Ulloa