La ONU destaca los avances en materia de derechos humanos que se han registrado en las Fuerzas Armadas, lo que, sin duda, es una excelente noticia. En el ámbito militar se ha producido, según el informe, una reducción significativa del número y la gravedad de las violaciones documentadas de derechos. No obstante, los responsables del texto expresan su “preocupación” por el hecho de que “algunas autoridades militares” solo consideran violaciones de los derechos humanos las ejecuciones conocidas como falsos positivos. Se trata, sin duda, de un asunto que debe ser superado, por cuanto la carta de la ONU, a la que está suscrita Colombia, reconoce un amplio abanico de derechos que los estados han de garantizar.
Otro punto controversial concerniente a las Fuerzas Armadas es la ampliación de la jurisdicción militar, pese a que la legislación internacional avanza exactamente en el sentido contrario en materia procesal. El informe resalta que enero y octubre del año pasado, 48 casos de falsos positivos atribuidos al Ejército se trasladaron de la jurisdicción ordinaria a la militar, pese a que el Gobierno se había comprometido a que ello no sucedería.
Con respecto a las Farc y el ELN, el texto es contundente al afirmar que se siguen produciendo homicidios, así como reclutamiento de menores, toma de rehenes, desplazamientos forzosos y utilizaciones de minas personales. Lamentablemente, los grupos al margen de la ley tienen una gran ventaja sobre las instituciones del Estado democrático, y es que a los primeros, por su propia naturaleza, no le es exigible el respeto de derechos de ninguna índole. De modo que, en paralelo al proceso de paz, contra las guerrillas solo cabe seguir actuando con toda la fuerza de la ley, evitando, por supuesto, incurrir en sus métodos. Quizá el aspecto más inquietante del informe de la ONU es la constatación de que la violencia sigue provocando decenas de miles de desplazamientos forzosos. Entre enero y octubre de 2013, coincidiendo en el tiempo con el primer año de las negociaciones de paz, se produjeron 55.157 casos, provocados en su inmensa mayoría por los “neo paramilitares”, como el texto denomina a las bandas criminales como los Urabeños o los Rastrojos. Esa cifra alarmante demuestra que, pese a la desmovilización masiva de paramilitares, los estragos del paramilitarismo continúan bien vivos y constituyen el gran desafío al que deberá enfrentarse el Estado democrático en los próximos años.
Resumen:
En el 2016 había personas que por accidente pisado minas anti personas, y en el 2017 disminuyeron un 95%, estos accidentes debido a los programas de desminado humanitario. Para el mismo periodo del 2017 se incrementó el índice de extorciones y homicidios.
Colombia se ha sometido por tercera vez a una evaluación internacional que revisa el cumplimiento de derechos y leyes fundamentales, en donde el ministro del interior afirma que hoy somos un país más seguro que años atrás.
La Farc y el ELN siguen haciendo homicidios, y también están reclutando menores de edad para sus tropas, junto con el desplazamiento forzoso y utilización de minas anti personales.
La problemática y situaciones:
Colombia continúa siendo un país en el que de vez en cuando se cumple con los derechos humanos, yo he visto que han disminuido los secuestros, la extorción, reclutando de menores por la FAC y el ELN, pero también veo que ha aumentado el consumo de drogas como la marihuana y las drogas sintéticas, dentro de las cuales está llevando a las escuelas y colegio para regalar a los niños y así los inician en sus negocios criminales, de todas manera aumentando la criminalidad y violando los derechos de los niños.