fondos dispuestos para I + D + i , debería buscarse la convergencia hacia los niveles del promedio de los países de la Unión Europea . Asimismo , los mayores presupuestos en materia de I + D + i deberían destinarse a proyectos estables a medio y largo plazo , sin vincular su continuidad a las vicisitudes del ciclo político . Por último , sería necesario garantizar la ejecución efectiva de , al menos , el 80 % de las cantidades presupuestadas anualmente para investigación , desarrollo e innovación .
25 . Garantizar la correcta ejecución en tiempo y forma del Plan de Transferencia y Colaboración , así como la continuidad del trabajo iniciado , una vez evaluados sus resultados e identificadas las mejoras potenciales , para continuar impulsando de una manera eficaz la transferencia y la innovación .
El Plan tiene el objetivo de impulsar la colaboración entre el sector público y el privado , facilitando la transferencia de conocimiento y el crecimiento de la innovación . Para ello , recoge nuevas iniciativas y refuerza diferentes acciones ya en funcionamiento , para fortalecer las interacciones público-privadas e impulsar la capacidad innovadora de las empresas españolas . Durante la primera fase , hasta finales de 2023 , se pondrán en marcha las medidas esenciales y se generarán los criterios de seguimiento . En la segunda fase , hasta 2025 , se ejecutarán el resto de las iniciativas y evaluarán los resultados obtenidos para seguir trabajando en la mejor manera de impulsar el crecimiento .
26 . Asegurar la correcta ejecución en tiempo y forma , así como su seguimiento y evaluación , de la recientemente aprobada Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes , conocida como “ Ley de startups ”, cuyo principal objetivo es impulsar el emprendimiento y las actividades de I + D + i . Esta Ley incorpora modificaciones normativas entre las que destacan la nueva regulación de los regulatory sandboxes , o entornos controlados de prueba para nuevas actividades de startups y las medidas tributarias para que tanto las empresas , como sus inversores y trabajadores cuenten con un régimen fiscal favorable . Entre ellas , destacan la reducción del tipo impositivo en el Impuesto sobre Sociedades ( del 25 % al 15 % durante un máximo de 4 años ), el aplazamiento de la deuda tributaria sin garantías ni intereses de demora ( durante los 2 primeros años de actividad ), la eliminación temporal de efectuar pagos fraccionados y la mejora de la deducción por inversión
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