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Informe Anual 2016 sobre el racismo en el estado español
nes erróneas, carencia de información, cambio en los formularios o documentación necesaria e, incluso, solicitudes directamente canceladas.
El propio personal del Registro Civil se excusa de las dificultades para realizar los trámites de nacionalidad debido a cambios en la legislación que incluyen
nuevos procedimientos electrónicos que afectan el normal funcionamiento de la
gestión. Aun así, esta misma legislación incluye un protocolo de actuación previsto por el cambio normativo, como es la continuidad provisional del formato
de papel que se está incumpliendo injustificadamente.
Uno de los casos gestionados por SAID es el de Daina, que vive en España
hace ya ocho años y hace un año que dio entrada en la solicitud de nacionalidad.
Con el cambio en la legislación han cancelado a ella y a muchos otros la solicitud de nacionalidad, sin que se les haya notificado. A Daina no solo le toca dar
otra vez entrada a la solicitud y esperar para poder acceder a la prueba de idioma
mencionada, sino también superar un examen de integración para poder acreditar el conocimiento «de la Constitución española y de la realidad social y cultural española» (CCSE). Teniendo en cuenta la dificultad de muchas de las preguntas de tal examen, su obligatoriedad para poder obtener la nacionalidad tiene un notable componente excluyente y racista. Además, el importe que Daina
tendrá que abonar para hacer el examen es de 85 euros (ochenta y cinco euros)
y hasta 2017 no tiene plaza para realizarlo.
OID ARAGÓN. Octubre. Policía Nacional. M.C.D. sufrió una agresión por
parte de un vecino que la confundió con otra persona. La intención de la usuaria
no era denunciar al agresor, puesto que carecía de documentación, pero un vecino que fue testigo de los hechos llamó a la Policía. M.C.D. al no poseer documentación, cuando acude la Policía al lugar de los hechos se la llevan a comisaría y acaban incoándole un expediente de expulsión. Además, le retienen el
pasaporte en dependencias policiales. Posteriormente, la Policía llama a sus
empleadores y éstos la acaban despidiendo. La usuaria traslada su domicilio a
Bilbao y el caso se deriva a las Oficinas de Bilbao.
SAID CATALUNYA. Mayo. Irregularidad en la aplicación de la Ley de
Extranjería. Mykolas es un señor con nacionalidad lituana, que vive hace muchos años en Murcia y no ha tenido nunca problemas con la policía. Al día de
hoy no tiene trabajo y no había renovado su tarjeta de residencia.
En junio, ha sido detenido por la policía nacional en Murcia, la identificación
por parte de los agentes tuvo como resultado una orden de expulsión. Mykolas
pasa a disposición judicial y el juez de instrucción decreta como medida cautelar
su traslado e internamiento en el CIE de la zona franca de Barcelona.
Mykolas no entiende la situación, él piensa que siendo europeo no le pueden
expulsar de nuestro país, ahora se encuentra encarcelado en un lugar nuevo, en
un centro del cual desconocía la existencia, lejos de sus amigos y conocidos.
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