POLÍTICA MIGRATORIA DEL ESTADO ESPAÑOL
cializada. Resaltan la ausencia de mecanismos que permitan detectar la existencia de enfermedades contagiosas entre las personas internas y de medidas que no supongan el aislamiento en condiciones que atentan contra su integridad y salud física. En relación a las condiciones de las instalaciones señalan, el mantenimiento de sistemas de cierre con llave y rejas, que ponen en entredicho la ejecución de los planes de evacuación o emergencias de las personas internas.
Asimismo, ponen de relieve la vulneración del derecho a la integridad que supone compartir una habitación de dimensiones reducidas con numerosas personas y la inexistencia de módulos diferenciados para alojar de forma separada a las personas internas que están pendientes de expulsión por faltas administrativas de los penados que están allí destinados. Igualmente, denuncian la vulneración de la intimidad de las comunicaciones, que deben realizarse a través de mamparas, que impiden el contacto físico con familiares y amistades.
Dejan constancia del internamiento de personas vulnerables, especialmente menores no acompañados, respecto a los que no se siguen los protocolos adecuados para su identificación. Subrayan que la ausencia de sistemas de vídeo vigilancia en parte de las instalaciones impide verificar el correcto funcionamiento de los centros y ponen de manifiesto la falta de garantía de acceso a la defensa jurídica por parte de las personas internas.
En este contexto, el informe incluye una serie de propuestas de mejora del funcionamiento de los CIE como la prohibición del internamiento en casos de mera estancia irregular por carecer de permiso de residencia o, en general, no disponer de documentación en regla. Sugieren una reducción del plazo máximo de internamiento en los CIE por considerar « excesivo e injustificado » el periodo de sesenta días actualmente vigente, teniendo en cuenta que la legislación anterior a la reforma del año 2009 fijaba un máximo de cuarenta días. Reclaman un control judicial « exhaustivo » de las actuaciones administrativas, así como competencias compartidas entre los Ministerios de Interior, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y Empleo y Seguridad Social. Entre otras propuestas, defienden la conveniencia de que los CIE no queden en manos de funcionarios de la Policía Nacional, por carecer de la formación precisa, sino que pasen a depender de asistentes sociales o funcionarios especializados.
También en 2015 el Consejo de Europa hace público un informe elaborado a partir de las visitas que la delegación contra la tortura del Consejo de Europa realizó en 2014 en cuatro puntos muy concretos del estado español: el CETI de Melilla, los CIE de Zona Franca( Barcelona), Aluche( Madrid) y la llamada sala de rechazo del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas. Insultos, trato vejatorio, intimidación e, incluso, agresiones físicas y psicológicas son reseñadas en dicho informe en el que critica duramente el estado de los centros para inmigrantes. También las apariencias de « prisión » preocupan al organismo, en especial los centros de Barcelona y Madrid, resalta la imposibilidad de los internos de ir al baño durante siete horas seguidas: desde las doce hasta las siete de la mañana, pues en las « celdas » – cerradas durante la noche a cal y canto – no hay aseo.
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