Periódico USS / Universidad San Sebastián Agosto Nº16 | Page 8

INVESTIGACIÓN
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Edición Nº 16 / Agosto 2019
Al rescate del patrimonio
arquitectónico y urbano en Concepción
E
n los últimos años se ha
producido un deterioro
progresivo de la arquitectura
histórica de relevancia en Concepción.
Las razones son variadas: escasa
tutela patrimonial de los inmuebles
y barrios; falta de conciencia respecto
del valor del patrimonio arquitectónico
y urbano por parte de la población;
burocracia administrativa y falta
de coordinación entre los actores
involucrados en el tema, entre otras.
Un equipo multidisciplinar liderado
por los académicos de la Escuela
de Arquitectura, Stéphane Franck,
Verónica Esparza y Juan Carlos Santa
Cruz, trabajan en una propuesta
para promover la protección del
patrimonio arquitectónico de la
ciudad de Concepción.
Se trata de uno de los siete proyectos
ganadores del Concurso de Políticas
Públicas, investigación que ya se
encuentra en ejecución. Se espera
esté concluida en noviembre.
Posteriormente, los resultados
se presentarán a las autoridades
relacionadas con el tema, dado
que se incluirán recomendaciones
interdisciplinarias para implementarse
en la zona.
“Con ese estudio, vamos a poder
proponer lineamientos: a nivel
normativo, por ejemplo, con
propuestas de modificaciones a las
leyes o reglamentos; correcciones
administrativas en aquellos casos
que detectemos duplicidad de
acciones realizadas por distintas
instituciones. En materia operativa,
recomendaciones para aplicar
una determinada reglamentación
existente. En el ámbito cultural,
estimamos que es clave para la
Un equipo multidisciplinar liderado por los académicos de
Arquitectura, Stéphane Franck, Verónica Esparza y Juan
Carlos Santa Cruz, trabaja en una propuesta para promover la
protección del patrimonio en esa ciudad.
El equipo de investigadores USS se reunió con el director Nacional de Arquitectura del Ministerio de Obras
Públicas, Raúl Irarrázaval.
protección del patrimonio, la
incorporación de estos temas en los
programas de estudio y difundir la
importancia de nuestro patrimonio
en la población en general”, explicó
Stéphane Franck, responsable del
proyecto.
“Nuestra apuesta es presentar
lineamientos y recomendaciones
de protección del patrimonio
arquitectónico y urbano en un ámbito
multidisciplinario y multisectorial.
Ese va a ser un producto específico,
pero también nos interesa mucho
la metodología que nos permitirá
finalmente aplicar este instrumento
en otras ciudades del país”, agregó
el académico.
Mapa de actores
Una parte del trabajo consiste en
catastrar y visibilizar el patrimonio
de la zona; luego conformar un
mapa de actores para visualizar
y entender cómo funciona la
institucionalidad que regula este
tema y los otros actores involucrados,
tanto a nivel comunal como regional
y nacional; y una revisión de las
leyes y reglamentos, entre otros
aspectos. Para ello, los docentes se
han reunido con representantes del
Ministerio de Obras Públicas, del
Ministerio de las Culturas, las Artes
y el Patrimonio, de instituciones
regionales y comunales.
“La red no está bien articulada, muchas
veces es contradictoria entre sí, por
lo tanto, no es eficiente y no se está
logrando el objetivo, que es proteger
el patrimonio histórico”, indicó el
sociólogo Juan Carlos Santa Cruz.
El académico agregó que “a nosotros
no nos interesa solo la protección de
un patrimonio concreto, sino más
bien generar una propuesta para la
gestión de ese patrimonio, es decir,
cómo hacemos para que se preserve
y dure en el tiempo”.
La arquitecta Verónica Esparza,
señaló que la participación en
este proyecto “es una experiencia
gratificante”, porque es otro tipo de
investigación. “Estamos acostumbrados
a la investigación dura de trabajo
solitario”, pero esta experiencia les
ha permitido realizar un trabajo
interdisciplinario y multisectorial.
Al respecto, Franck comentó que
“el hecho de hablar con otros
actores con los que no se habla
habitualmente y que están vinculados
con el patrimonio; el hecho de salir
de la oficina, nos ha permitido ir
percibiendo y entendiendo la realidad
y complejidad del problema”.
¿Cuál es la percepción
de los jueces de la
entrevista videograbada?
Hace un año se promulgó la Ley de la
entrevista videograbada a menores víctimas de delitos
graves. Esta normativa busca disminuir las
consecuencias negativas que experimentan
niños, niñas y adolescentes (NNA) víctimas
de delitos sexuales, durante su paso por
el Sistema de Justicia Penal, a través de
distintas medidas para resguardarlos desde el
momento de la denuncia hasta el juicio oral.
¿Cómo se va a implementar esta nueva
regulación en el país? ¿Cuáles son los
problemas que se advierten para su puesta en
marcha? Son aspectos que aún no han sido
evaluados y que un grupo de académicos de
la Facultad de Psicología se han propuesto
investigar, a través del Concurso de Políticas
Públicas.
“Nos encontramos ad portas de la
implementación de la Ley 21.057, por
lo que es de suma importancia conocer
de antemano los posibles facilitadores y
obstaculizadores de todos los procesos de
cambio que introduce. Uno de los aspectos
menos investigados es la perspectiva que
Es una pregunta que un
grupo de académicos de
la Facultad de Psicología
se ha propuesto
responder.
tienen jueces y juezas en relación a esta
normativa, aspecto que es fundamental
por los nuevos roles y funciones que se
les mandatan, como también respecto
de las modificaciones de algunos de sus
procedimientos y prácticas habituales”,
señaló el Dr. Carlos Barría, académico de
la Facultad de Psicología e investigador
principal.
“Entre los cambios que introduce la ley, se
encuentra la incorporación del registro de
la Entrevista Investigativa Videograbada
en juicio oral y las modificaciones a la
instancia de declaración judicial, que
introducen la figura del intermediador.
Para todos estos procesos de cambio se
Investigadores de la Facultad de Psicología presentaron su proyecto de investigación a la
Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz.
deben elaborar reglamentos, protocolos y
dispositivos de formación continua para todos
los actores del sistema. Estamos hablando
de una red compleja de coordinaciones
interinstitucionales, que incluyen a Ministerio
Público, Poder Judicial, Carabineros y
Policía de Investigaciones. Por consiguiente,
se necesita conocer la percepción de los
principales actores del sistema para facilitar
su implementación”, agregó el Dr. Barría.
El académico indicó que el propósito es tener
la capacidad de levantar la evidencia con el
fin de poder establecer recomendaciones que
pueden servir a los tomadores de decisiones
de las distintas instancias que intervienen
en este proceso, para complementar, mejorar
o modificar las actuales reglamentaciones.
Integran el equipo, además: María Paz
Rutte, directora de la carrera de Psicología
en Santiago; el sociólogo Nicolás Pietrasanta
y la psicóloga Catalina Fernández, de
Fundación Amparo y Justicia; la jueza
Nora Rosati y la psicóloga Alicia Fuentes,
del Poder Judicial.