Periódico USS / Universidad San Sebastián Agosto Nº16 | Page 5

ENTREVISTA
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Edición Nº 16 / Agosto 2019
El rector Carlos
Williamson analiza
la propuesta de
nuevo crédito que
reemplazaría al CAE
y desmenuza cómo
ha sido el sistema de
ayudas estudiantiles
para las universidades
sin gratuidad.
E
l rector Carlos Williamson fue
invitado por la ministra de
Educación, Marcela Cubillos,
a participar en el Consejo Asesor de
Rectores del Mineduc. De carácter
técnico y con el propósito de hacer
propuestas para enfrentar los desafíos
país en materia de Educación
Superior, está integrado por 17
rectores de universidades, IP y CFT,
quienes abordan diversos temas
relevantes que han ido surgiendo
ante necesidades y cambios que sufre
el ámbito de la Educación Superior.
En su calidad de economista
y miembro del Consejo
Asesor, Williamson
analiza el sistema
de financiamiento
de la Educación
Superior.
Sobre el sistema
de ayudas
estudiantiles,
plantea que
“la creación del
Fondo Solidario
de Crédito
Universitario en 1993,
“Al irrumpir la gratuidad
apareció una nueva forma de
diferenciación entre las IES”
del Crédito con Aval del Estado
(CAE) en 2006 y el incremento de
las becas por mérito académico,
permitió en dos décadas aumentar en
cuatro veces la matrícula, y si bien
existen descontentos con relación
al CAE, al menos el acceso a éste
movió la palanca de movilidad
social y dispuso reglas parejas para
todos. No ocurrió lo mismo en otras
ayudas, como el Fondo Solidario, que
ha sido solo para las universidades
del Cruch, con mejores condiciones
de crédito. Con todo, al irrumpir la
gratuidad en 2016 para el 60% de
los estudiantes con menores recursos
en instituciones acreditadas, cambió
el escenario y apareció una nueva
fuente de diferenciación entre las
Instituciones de Educación Superior
(IES). Se segmentó en dos el sistema:
aquellas con o sin gratuidad”.
El rector reflexiona que “como la
gratuidad solo cubre hasta el 60%
de los estudiantes más pobres, las
universidades que están en gratuidad
y poseen una proporción alta de
alumnos pertenecientes a este
segmento tienen fuertes brechas
de desfinanciamiento entre sus
costos y el arancel regulado (AR)
que reciben. Se genera un problema
de inequidad porque estudiantes
en igual condición socioeconómica
pagan distintos montos dependiendo
de dónde estudian. Además, en
aquellas sin gratuidad la selección
de estudiantes se complejiza. ¿Cómo
atraer a un estudiante vulnerable
que accede a la gratuidad
en una universidad, si en
la otra, sin gratuidad,
debe financiar un
copago?”.
Problemas de asimetría
e inequidad
Carlos Williamson sostiene que
el modelo de financiamiento se
resquebrajó con la gratuidad, y un
instrumento que puede atenuar la
asimetría es un nuevo crédito fiscal
que reemplace al CAE, que corrija
sus fallas, pero a condición de que
no cree nuevos problemas. “El actual
gobierno envió un proyecto de ley que
crea el Sistema de Financiamiento
Solidario (SFS), que tiene avances
importantes: beneficio para el
egresado mediante la condonación
del monto de la deuda al final de un
plazo razonable; cobranza mediante
descuento por planilla del empleador
y la Tesorería de la República
haciendo de caja recaudadora; y
saca a la banca privada para hacer
menos onerosa la posición financiera
del fisco. Esta propuesta considera,
además, que si las universidades
excluidas de la gratuidad se quieren
sumar al SFS se comprometen a un
copago cero para sus estudiantes del
60% más pobre. Esto significa dar
un crédito con recursos propios,
pero el monto del préstamo debe
ser por montos acotados”.
En el contexto de gratuidad, el
rector sostiene que la propuesta de
financiamiento estudiantil debe
conjugar dos objetivos: por un lado,
asegurar que el pago de las familias
de los estudiantes que pertenecen a
los deciles 1 al 6, sea cero mientras
estudian, con independencia de si
lo hacen en instituciones con o sin
gratuidad, y por el otro, el objetivo
de no generar desfinanciamiento
en ninguna de las instituciones que
amenace la calidad de sus proyectos
académicos.
La solución, a su juicio, pasa por
nivelar los aportes fiscales de forma
que todas las IES con y sin gratuidad
accedan a los mismos techos de
crédito del SFS para los deciles 1
al 6. Este crédito del Estado podría
ser por aportes escalonados según
años de acreditación y porcentaje de
alumnos vulnerables en relación a
los deciles 1 al 6.
“Se unifica en una sola cuota la
cobranza de ambos créditos, que en
ningún caso podrá exceder el 10%
de la remuneración del egresado,
hasta completar el arancel real. El
crédito pasa a ser administrado por
la misma institución que administre
el SFS. A los 15 años se condona
cualquier saldo insoluto de deuda,
lo que beneficia a los estudiantes
que por razones de diversa índole,
no alcanzaron a cubrir toda la deuda
con sus remuneraciones”, plantea.
Espacios de mejoras para la gratuidad
Uno de los temas a los que públicamente se ha referido el rector
Williamson, es la gratuidad. Sobre ese aspecto, cree que existen al menos,
4 espacios de mejora, y varios de ellos requieren modificaciones legales:
1. Se debe resolver la inconsistencia de imponer de facto que la gratuidad
llega hasta la duración oficial de la carrera. Se debe dar al menos
un plazo de 3 años para hacer el ajuste. Por lo demás, no podría ser
legalmente inadmisible que a las generaciones actuales se les aplique
la norma. Una vez que se aplica el término de la gratuidad al alumno
que se ha demorado en exceso, se le debe dar un crédito CAE o
SFS por el 100% del arancel regulado, que sería lo que recibiría la
universidad, corrigiendo la anomalía de que las universidades solo
reciban el 50% del arancel regulado como dice la ley vigente.
2. La Comisión de Expertos debiera tener un rol importante para construir
una metodología que defina correctamente las trasferencias por la
gratuidad según los aranceles regulados, que definen los montos
que aseguran financiar los costos de la docencia. Tal vez se podría
pensar que si el gobierno tiene problemas financieros puntuales un
año, que impiden financiar el monto del arancel regulado “verdadero”,
debiera quedar una cuenta de ajuste a pagar en otro ejercicio del
presupuesto fiscal.
3. Eliminar la fijación de aranceles para los deciles 7, 8 y 9. Si la gratuidad
será una camisa de fuerza financiera con traspasos inciertos a las IES,
al estar sujeto este subsidio a los vaivenes del juego presupuestario,
los aranceles de estos deciles deben estar libres.
4. No olvidar que la ley de presupuesto está contemplando recursos
institucionales competitivos, mayormente para las universidades con
gratuidad y sin aportes significativos para aquellas sin gratuidad, lo
que constituye una forma de diferenciación que afecta su desarrollo
futuro, especialmente si quieren invertir en calidad académica.
Ello es especialmente válido para el desarrollo regional porque es
indispensable que las Universidades regionales sin gratuidad obtengan
mayores recursos para seguir mejorando en calidad.