Santiago de Cali, Periódico Acción... Cali
ACCIÓN... CALI
EDICIÓN N°
LIBRE
OPINIÓN
¡
é
Por: Ricardo Hernández
Por: Nelson Rojas Rojas
e scuché la siguiente frase y vi con toda claridad
n uestra Constitución Política Nacional en
su Art. 29 inciso 4º, comprendido dentro
de los DERECHOS FUNDAMENTALES,
manifiesta muy claramente que “toda
persona tiene derecho a impugnar el fallo
de un juez cuando considere no estar muy
de acuerdo con su resultado o que este le sea desfavorable,”
y con mayor razón cuando se trate de una sentencia conde-
natoria de carácter penal.
Dicha formalidad jurídica se cumple desde hace muchos
años en nuestro ordenamiento legal, en todos los organis-
mos judiciales del Estado, con excepción de los procesos de
conocimiento de las Cortes en primera instancia, que son los
reservados para los llamados Aforados, o personas que
ostentan altos cargos en el Estado, como Presidente, Magis-
trados, Congresistas, Ministros y otros , y que en este
momento no cuenta con ese recurso, por consiguiente
estos fallos han sido para las Cortes la última palabra y de
carácter irrevocable.
De tal manera que una buena cantidad de sentencias conde-
natorias de las altas Cortes, han sido objeto de falta de esta
segunda instancia, lo que significa que la Justicia Colombia-
na en este caso está en deuda con los que por desfortuna
han sido condenados penalmente mediante estos dictáme-
nes de primera instancia, carentes de este recurso.
Algunos sectores de la opinión pública a raíz de la llegada del
Exministro Andrés F. Arias quien fue condenado por la C.S.
de J. a 17 años de cárcel en proceso judicial en primera
instancia quiere por medio de sus abogados, hacer valer ese
recurso y por eso los Congresistas de su Partido el CD tienen
bajo la manga el proyecto de ley que pretende establecer la
segunda instancia, para esta clase de procesos y en favor de
todos los que han sido condenados en estas circunstancias.
Sin embargo, por otro lado, los de la oposición al gobierno,
oponen resistencia, argumentando que esos fallos son cosa
juzgada y que no son susceptibles de revisión ni modifica-
ción y lo que se pretende es perdonar delincuentes, crear
impunidad, o también perjuicios o tropiezos a las leyes y al
orden económico.
Toda democracia se caracteriza por una pronta, efectiva y
sabia justicia y es una oportunidad para la Justicia Colombia-
na -que tantos comentarios desagradables ha producido en
los últimos años- que esto sea parte de su reivindicación.
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la suerte de este país, en manos de gentes con
sobrada capacidad de ratificarlo: “Con buenas
intenciones se está pavimentado el camino hacia
el infierno”. La inseguridad en las calles, la proli-
feración de factores perturbadores de la tranquilidad ciudadana,
el desbordado consumo de alucinógenos; la corrupción galopan-
te en todos los estamentos oficiales y por qué no decirlo, en los
privados; el Congreso en el que cada quien tira para su lado
sacando ventajas a base de chantajes o presiones, desbaratando
el quórum u oponiéndose de manera sistemática a lo bueno
porque no corre la mermelada (hay honrosas excepciones) y
una oposición aplastada por las maquinarias oficiales, hacen de
Colombia un país oscuro e inviable.
Pero hay algo más grave aún y es la justicia, laxa para unos y
severa para otros. Cada gobierno tiene sus patrocinadores y son
los que quitan y ponen, para ellos son las prebendas mientras al
ciudadano de a pie, lo dejan como el ternero.
El Código Penal lo aplican con rigor a los de ruana, esos van a la
cárcel, son juzgados y sentenciados , enviados a sitios no aptos
para seres humanos en tanto que los “uribitos”, por mencionar
solo un caso, llegan extraditados en avión especial, elegante-
mente vestidos, con una cola de áulicos que le hacen calle de
honor y finalmente es recluido en su casa donde, a lo mejor, le
pagan los servicios, los vigilantes, tiene médicos, psiquiatras,
enfermeras, abogados y de pronto jueces, todos dispuestos a
servirle incondicionalmente por orden del patrón y titiritero
expresidente.
Si hubiera justicia de verdad, si esta no fuera sesgada y por el
contrario aplicada de acuerdo con las conveniencias políticas y
personales, el castigo sería Ubérrimo tanto para el que peca
como el que induce a pecar. O como el viejo adagio popular, “el
peca por la paga o el que paga por pecar”. Otra vagabundería es
la casa por cárcel, derivada de lo anterior, una manera de burlar-
se de víctimas y premiar a delincuentes bien estratificados o bien
apadrinados. Pero no son solo éstos los beneficiados, en televi-
sión mostraron la criminal manera de atracar y robar a la gente
en pleno centro de Bogotá. Y la misma Policía con tristeza decía:
“nosotros cumplimos con ponerlos a disposición”, pero el juez
con base en los códigos, les da casa por cárcel y al otro día están
hombres y mujeres en los mismos sitios, robando atracando,
apuñalando y como la canción “todo sigue igual”.
Esta es apenas una pequeña radiografía del país del Sagrado
Corazón de Jesús, que hace mucho dejó de ser de Él y la verdad
es que los dueños ilegítimos están entronizados en las alta esfe-
ras del país a las que el ciudadano de a pie no tiene acceso.
Las opiniones expresadas aquí, no reflejan necesariamente el pensamiento del Periódico Acción… Cali. Los columnistas son responsables
de sus propios escritos.
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