Marco de Complementariedad de Naciones Unidas para Vivir Bien en Bolivia 2018-2022
consolidar la independencia y la eficacia del sistema judicial. 113.23 Seguir promoviendo el acceso a la justicia como medio para luchar contra las violaciones de los derechos, en particular los de las personas privadas de libertad. 113.24 Adoptar medidas concretas para garantizar el acceso a la justicia, así como juicios imparciales y sin dilaciones, asignando recursos suficientes al poder judicial y mejorando la administración de la justicia. 114.44 Continuar con los esfuerzos para combatir la corrupción y fortalecer el estado de derecho; 114.45 Reforzar el mandato del Consejo Nacional de Lucha contra la Corrupción; 114.57 Adoptar medidas, por ejemplo, la asignación de suficientes recursos, para fomentar la capacidad y la independencia del poder judicial, en aras de la imparcialidad y celeridad de la administración de la justicia; 114.61 Respetar y reforzar la independencia del poder judicial para garantizar una aplicación imparcial y equitativa de la justicia y el estado de derecho; 114.62 Reforzar las medidas tendientes a que el poder judicial sea independiente y esté libre de injerencias políticas y económicas y luchar contra las irregularidades y las dilaciones en la administración de la justicia; 114.65 Seguir adoptando medidas para mejorar el acceso a la justicia; 114.66 Reducir las dilaciones en la labor de investigación y la actuación de la policía, los jueces y los fiscales creando mecanismos destinados a aplicar plenamente las disposiciones legislativas y constitucionales que garantizan el acceso a la justicia, tanto para las víctimas de la delincuencia como para los delincuentes; trabajadores migratorios cuyos derechos han sido vulnerados puede indicar en gran medida la falta de leyes específicas pertinentes, la falta de conocimiento de la disponibilidad de recursos legales o la poca voluntad de enjuiciar por parte de las autoridades. El Comité reitera su recomendación anterior al Estado parte de que informe a los trabajadores migratorios y sus familiares, incluidos los que están en situación irregular, sobre los recursos judiciales y de otra índole de que disponen y de que atienda sus denuncias en la forma más eficaz posible. También recomienda que el Estado parte garantice que los trabajadores migratorios y sus familiares, incluidos los que están en situación migratoria irregular, tengan las mismas oportunidades que los nacionales del Estado parte para presentar denuncias y obtener reparaciones efectivas ante los tribunales en caso de que se hayan vulnerado los derechos que les confiere la Convención( CMW / C / BOL / CO / 1, párr. 24).
CEDAW 2015 10. El Comité acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por el Estado parte para ofrecer servicios integrales de justicia plurinacional, pero expresa preocupación por: a) Las persistentes barreras estructurales de la“ jurisdicción indígena originaria campesina” y el sistema de justicia formal que impiden que las mujeres accedan a la justicia y obtengan reparación, tales como el número insuficiente de tribunales en el territorio, la escasa información sobre derechos y procedimientos judiciales disponible en las principales lenguas indígenas y el alcance reducido de los planes de asistencia letrada, habida cuenta de que solo el 45 % de los municipios han establecido servicios legales integrales municipales; b) La inexistencia de una trayectoria profesional institucional en los niveles con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado Plurinacional de Bolivia y contribuya a reforzar la inclusión y la cohesión social en el país.
95. El Relator Especial comparte las preocupaciones expresadas ante el considerable número de casos de prácticas discriminatorias y actos de violencia racial cometidos contra los pueblos indígenas, los afrobolivianos y otros grupos vulnerables, así como el reducido número de juicios y sanciones en tales casos. Recomienda que el Gobierno intensifique sus esfuerzos y adopte nuevas medidas para erradicar la impunidad, llevando ante la justicia a los autores de esos actos e incoando acciones judiciales en todos los casos de violencia y discriminación racial, especialmente en relación con los incidentes ocurridos en Sucre en mayo de 2008 y la matanza de Pando de septiembre de 2008. También insta al Gobierno a que mejore la prestación de diversas formas de asistencia y servicios médicos para ayudar a las víctimas de violencia racial a superar las secuelas físicas y psicológicas causadas por los actos racistas.
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