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Pilar 11. Meta 1: Gestión Pública transparente, con servidores públicos éticos, competentes y comprometidos que luchan contra la corrupción.
Meta 2: Sistema judicial transparente que garantiza justicia para todas y todos.
Meta 3: Seguridad ciudadana para una vida sin violencia.
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EPU 2010 39. Acelerar las reformas judiciales a fin de garantizar la independencia e imparcialidad del sistema y crear un entorno libre de corrupción; continuar las reformas destinadas a mejorar el sistema judicial; velar por que en el sistema judicial se respete el principio de su independencia del poder ejecutivo, así como la primacía del derecho; garantizar la absoluta independencia del sistema judicial, de conformidad con las normas internacionales pertinentes. 53. Aplicar sanciones penales más eficaces contra la corrupción de los funcionarios públicos.
EPU 2014 113.9 Finalizar el desarrollo de indicadores correspondientes al derecho humano al agua y al saneamiento, la lucha contra la trata y el tráfico de personas y el acceso a la justicia y a un juicio imparcial. 113.20 Velar por que el nuevo plan de reestructuración del sector de la justicia, mencionado en el Programa de Gobierno 2015- 2020, garantice la imparcialidad de los tribunales, el pleno acceso de todos los ciudadanos y suficientes recursos en todos los niveles. 113.21 Seguir trabajando con otros asociados para reformar el sistema de justicia mediante programas de formación. 113.22 Continuar y reforzar las reformas del sistema judicial iniciadas y mejorar el acceso a la justicia en todo el territorio, con miras a
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Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 13. El Comité observa con preocupación la ausencia de datos estadísticos actualizados suficientes que le permitan evaluar la realización progresiva de los derechos reconocidos en el Pacto, en el Estado parte. 26. El Comité recomienda al Estado parte que adopte indicadores y metas, basados en derechos, que permitan monitorear la realización progresiva de los derechos reconocidos en el Pacto y que para este fin se cree una base de datos, desagregados y actualizados, especialmente por regiones y grupos vulnerables
Comité de los Derechos del Niño 2009 84. El Comité recomienda que el Estado parte dé prioridad a los derechos del niño en las instituciones de la justicia y el orden público, que aumente el presupuesto de la administración de justicia y que vele por la restitución de los derechos del niño. A este respecto, el Comité recomienda que el Estado parte tenga en cuenta las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos( resolución 2005 / 20 del Consejo Económico y Social, de 22 de julio de 2005, anexo).
Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares 2013 25. El Comité recuerda al Estado parte que la mera ausencia de quejas y de acción legal por los
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Informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación 2008 c) Habría que reforzar los mecanismos de empoderamiento y rendición de cuentas, y dar mayores posibilidades a las víctimas de recursos efectivos en caso de violaciones del derecho a la alimentación. La administración de justicia debería ser más transparente y estar al alcance de las víctimas, incluidas las comunidades indígenas. La Oficina del Defensor del Pueblo debería establecer una dependencia especial encargada del derecho a la alimentación y el derecho al agua y dotada de recursos humanos y financieros suficientes. El Gobierno debería tener debidamente en cuenta todas las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
Informe del Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia 2013
88. Tras poner de relieve los considerables progresos realizados en materia de justicia indígena, el Relator Especial recomienda que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias para que el sistema de justicia indígena tradicional esté plenamente en armonía
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