Mi primera publicacion VOLUMEN 20-MIGRACION-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO-20 | Página 875

Dos sexenios de guerra perdida
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En el informe se critica la justificación que dan las autoridades para
darle seguimiento a las denuncias, de que los migrantes víctimas de los de­
litos no permanecen en el lugar donde están las investigaciones. El cues-
tionamiento se da en el sentido de que las autoridades mexicanas tienen a
su disposición dos herramientas que no utilizan para investigar estos casos:
la recopilación de datos y desahogo de pruebas que permitan continuar las
investigaciones, aun sin la presencia de los migrantes víctimas o testigos, así
como su regularización migratoria.
En otras fuentes se da cuenta de que todavía persisten agresiones a de-
fensores y organizaciones de derechos humanos que acompañan a personas
migrantes en México y estos casos también permanecen impunes, al res-
pecto la Red Todos los Derechos para Todos (TDP) ha documentado al
menos 13 casos de agresiones relacionados con personas defensoras de mi-
grantes en los últimos años, y tras valorar la existencia de un patrón que pone
en riesgo la labor de estas personas, emitió una Alerta de Defensa de Dere-
chos Humanos como Acción Urgente para llamar a las autoridades a garan-
tizar el derecho a defender derechos humanos de los activistas (TDP, 2017).
El Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas
defensoras de derechos humanos, Michael Forst, en su visita en el 2017,
expresó su preocupación respecto al riesgos que enfrentan los defensores
que trabajan con los derechos de los migrantes, principalmente quienes pro-
porcionan ayuda humanitaria y trabajan a lo largo de la ruta del tren (TDP,
2017).
Durante el periodo de EPN continúa la violencia contra los defensores de
migrantes. A los agentes estatales se les han sumado actores privados, es-
pecialmente las empresas de seguridad privadas contratadas por ferro­
carriles de México (Ferromex) en distintas rutas migratorias. Han sufrido
agresiones organizaciones como: Estancia del Migrante González y Martí-
nez en Querétaro (Lagner, 2016); La 72 en Tabasco (Pagina abierta, 2017);
Iniciativa Kino en Nogales, Sonora (CPAL Social, 2016); Albergue Cristia-
no la Roca en el 2014 (Fundar, 2014).
También durante la gestión de EPN se manifestó una nueva oleada de
desplazamiento forzado de migrantes en varios estados de la República,
principalmente por motivos de la violencia en sus localidades, convir­
tiéndose en un fenómeno de gran magnitud. Y aunque la Comisión Nacio-
nal de Derechos Humanos reconoce que las cifras son difíciles de calcular
(CNDH, 2016), el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC,
por sus siglas en inglés) del Consejo Noruego para los Refugiados, en su
Informe Global 2015, estima en 311 mil los desplazados internos por con-
flictos y violencia en el periodo 2009 al 2016. La investigadora Rubio Díaz-
Leal (2014), en un estudio sobre el tema, documentó cuando menos 12