Mi primera publicacion VOLUMEN 20-MIGRACION-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO-20 | Page 870

870 José Ascención Moreno Mena, Lya Margarita Niño Contreras Nacional de Seguridad. Así como también la creación de un nuevo cuerpo de elite policiaco: la Gendarmería Nacional. Posteriormente impulsó la Ley General de Víctimas con la intención de garantizar justicia, protección y resarcimiento a las víctimas de delitos, que fue aprobada por el Congreso en el 2013. Al principio, el gobierno de EPN comenzó a desarrollar su programa de seguridad como lo había delineado, incluso tuvo el apoyo de los princi­- pales partidos políticos representados en el Congreso de la Unión cuando se firmó el “Pacto por México”; sin embargo, la desaparición de 43 estudian- tes de la normal de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, en septiembre del 2014, vino a desnudar la incapacidad del Estado mexicano para brindar seguridad a sus ciudadanos, y la imagen internacional se vino abajo. Posteriormente los desasosiegos continuaron, las ejecuciones sumarias de 22 personas por el Ejército mexicano en el caso Tlatlaya (HispanTV Nexo latino, 2015); seguida de la masacre de Apatzingán, donde miembros de la Policía Federal prácticamente asesinaron a ocho civiles de la fuerza rural que protestaba en el palacio municipal por la falta de pago (Castella- nos, 2015). El escape del Chapo Guzmán en su momento causó y mostró lo vulnerable que estaba el sistema penitenciario mexicano también. La consolidación de poderes fácticos en algunas entidades del país y la continuación del Estado Fallido, demostraban que la idea de centralizar la seguridad estaba equivocada. Ni el Ejército estuvo exento del acoso de los grupos delincuenciales, de acuerdo con datos de la Secretaría de la Defen- sa Nacional, han muerto 490 elementos del Ejército desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico en el 2006 (Metapolítica, 2017). Y durante el gobierno de EPN hasta el 2016, se habían registrado 1 045 agresiones a las fuerzas castrenses (Alzaga, 2016). Y aunque se había prometido un cambio de estrategia distinto al de Calde­ rón, el gobierno de EPN continuó con la utilización de las fuerzas armadas en la calle para realizar acciones policiacas, violando sistemáticamente los derechos humanos de civiles. Siguió con el ataque frontal al narcotráfico. El gobierno se ufanaba de haber dado duros golpes a los capos y cárteles del narcotráfico, pero la realidad los contrariaba. Según la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en ingles), al principio del mandato de EPN había ocho cárteles identificados, y en el quinto año ya había 13 grupos, eso se corro- boraba con los datos de la misma Procuraduría General de la República (PGR) que mostraban la existencia de nueve cárteles y 45 cédulas criminales. Las violaciones a los derechos humanos, el asesinato de periodistas y defensores de derechos humanos ha sido otra de las características de este sexenio; en el portal de la organización civil Artículo 19, se registran 36 pe­