Mi primera publicacion VOLUMEN 20-MIGRACION-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO-20 | страница 868

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José Ascención Moreno Mena, Lya Margarita Niño Contreras
en materia de derechos humanos de los migrantes; la creación de permisos
o visados de tránsito temporales para migrantes que tenían como destino
Estados Unidos; eliminar las trabas burocráticas para que las organizacio-
nes civiles accedieran a las estaciones migratorias; que se implementaran
mecanismos de protección para defensores y defensoras de derechos huma­
nos, entre otras cuestiones.
El gobierno de Calderón fue respondiendo de manera reactiva ante los
reclamos internacionales, en algunas recomendaciones se mostró en des-
acuerdo, pero regularmente aceptó la mayoría de las recomendaciones en
su discurso, pero no en la práctica. Ante los fuertes reclamos de la crimina­
lización de los migrantes y de la falta de una política migratoria de Estado, el
gobierno mexicano respondió con reformas a la Ley General de Población
(LGP); en el 2008, el Congreso de la Unión aprobó prácticamente la des-
penalización de la inmigración indocumentada, uno de los reclamos fre-
cuentes de las organizaciones civiles. Con la reforma a la LGP, la inmigración
indocumentada se consideró como una falta administrativa donde se pa-
garía una multa y se suprimía la pena de cárcel (Fundación Rafael Preciado
Hernández, 2008).
En octubre de 2009, se expidieron las nuevas normas para el funciona-
miento de las Estaciones Migratorias del INM, que regulaban el ingreso de
las organizaciones de la sociedad civil y de las asociaciones religiosas a las
estaciones donde se alojan los migrantes extranjeros detenidos sin docu-
mentos, así como de los representantes legales y la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH). La Procuraduría Social de Atención a
Víctimas de Delitos se creó por un decreto del presidente de la República en
septiembre de 2011.
En vísperas de la aprobación de la Ley de Migración en mayo del 2011, se
llevó cabo una “purga” en el Instituto Nacional de Migración, donde 121
servidores públicos —incluyendo siete delegados— fueron cesados de sus
puestos. Todo eso para limar asperezas con las organizaciones civiles.
En julio del 2011, el presidente Felipe Calderón firmó un acuerdo para
proteger a los defensores de los derechos humanos en México, en el que se
establecían las bases del mecanismo de protección de defensoras y defen-
sores de los derechos humanos a partir de la instrumentación de acciones
coordinadas que en el ámbito de sus atribuciones desarrollarían la Secre-
taría de Gobernación, las dependencias y entidades de la administración
pública federal y la Procuraduría General de la República (Ramos, 2011).
Entre las acciones que la Secretaría de Gobernación llevó a cabo a finales
del 2011, está transparentar los presupuestos destinados a los progra-
mas de protección y atención a migrantes del INM. A pesar de lo anterior,
las organizaciones civiles consideraron que el gobierno mexicano actuó