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Migrar en tiempos adversos
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después— con el descubrimiento de diversas fosas descubiertas en la mis­
ma localidad en abril de 2011, sumando 198 cuerpos de migrantes extran­
jeros y mexicanos, según reconocieron las autoridades (Farah, 2012:
42-43). Lamentablemente, los hallazgos de más cuerpos sin vida y nuevas
fosas clandestinas con migrantes secuestrados y asesinados en otras en­
tidades del país han continuado siendo noticia frecuente.
Precisamente por ello, Jorge A. Bustamante, quien fue Relator Especial
de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de los Migrantes, ha reite­
rado el llamado a demandar la responsabilidad patrimonial del Estado en
las migraciones internacionales, especialmente en el caso del Estado mexi­
cano que repetidamente ha minimizado, e incluso negado, la gravedad de
los hechos que han enfrentado y continúan enfrentando los migrantes en
su territorio, omitiendo la responsabilidad de sus funcionarios públicos
en tanto agentes gubernamentales, miembros de corporaciones policiacas
y de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, cuando
han participado en la perpetración de delitos contra migrantes. Esa respon­
sabilidad también podría demandarse a otros gobiernos, especialmente por
las prácticas policiales y actos cometidos en los Estados Unidos por agentes
del Immigration and Customs Enforcement Agency (ICE), quienes han
allanado domicilios y violado la Cuarta Enmienda de la Constitución de ese
país. Sin embargo, es sabido que Estados Unidos, al igual que ninguno de
los países de mayor inmigración, ha ratificado la Convención internacional
sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y
de sus familiares, adoptada por la Asamblea General de la ONU desde 1990
y en vigor desde el año 2003.
La conjunción de la reciente crisis económica con la intensificación del
control y la vigilancia de la frontera sur estadounidense, y el aumento sin
precedentes de los secuestros y extorsiones de migrantes en tránsito por
México, han ocasionado situaciones críticas. A pesar de observarse una dis­
minución del flujo migratorio centroamericano en tránsito por México en
años recientes, sus desplazamientos se han tornado más visibles, no sólo
para los defensores de los derechos humanos sino también para los medios
de comunicación, la población en general y, desafortunadamente, para el cri­
men organizado.
de necesitar ayuda, desconocen las leyes del país y sus derechos como personas, o no los ejercen
precisamente para pasar inadvertidos. Sobre los abusos de la autoridad, en informe refie-
re: “con frecuencia son víctimas de bandas organizadas y en muchas ocasiones de autoridades
federales, locales y municipales, especialmente de las encargadas de la seguridad pública, las que
los golpean brutalmente, humillan y extorsionan con amenazas de privarlos de la vida, de la
libertad o deportarlos a sus países de origen, prácticas que constituyen violaciones a sus dere­
chos humanos”.