Mi primera publicacion VOLUMEN 20-MIGRACION-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO-20 | Page 830

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Eduardo Andrés Sandoval Forero, Bernardino Jaciel Montoya Arce
P ropuestas generales para elaborar una
política social migratoria
Plantear una reelaboración de política migratoria requiere sin duda un
trabajo multidisciplinario de gran profundidad y una envergadura que
supera con creces el propósito del presente capítulo. La intención es presen­
tar, teniendo en cuenta los planteamientos expuestos en líneas anteriores,
una perspectiva amplia de la matriz que consideramos debe de ser la polí-
tica social de migración.
La política social migratoria la entendemos en un sentido amplio, tiene
que ver con las dimensiones demográficas de la movilidad humana en rela­
ción a la protección de los derechos humanos y de manera particular a los
derechos de los migrantes y sus familias, establecidos por los organis-
mos internacionales encargados del tema. Esta política social a la que alu-
dimos se concreta a través de planes, programas, proyectos y acciones que
deben de realizar, por una parte, las instituciones encargadas del Estado y,
por otra, las asociaciones de la sociedad civil pro defensa de los derechos
de los migrantes, los clubes de migrantes, las organizaciones defensoras de
los derechos de los migrantes, las organizaciones religiosas pro migran-
tes, las casas de ayuda a migrantes, las organizaciones no gubernamentales
de atención a migrantes, las organizaciones de los migrantes y sus familia-
res en México y en Estados Unidos, y en general todo tipo de organización
social, política, religiosa, cultural y económica que mediante la acción so-
cial pro migrante incida positivamente en la dignidad de los migrantes con
fundamento en los derechos humanos.
La primera consideración tiene que ver con quiénes el Estado mexicano
debe elaborar e implementar la política social migratoria. En ello deben
participar, además de los “expertos en migración”, los sectores económi-
cos, políticos, sociales y jurídicos, los migrantes y sus familiares. En sen-
tido incluyente y amplio deben participar los mexicanos en Estados Unidos
y sus familias, los retornados voluntarios y deportados, y los extranjeros en
México, todos con facultades y responsabilidades para participar en la
elaboración de la política migratoria, la observación y el control de su
aplicación. Es decir, que la política social migratoria deberá ser concertada
entre los gobiernos federal, estatales y municipales, las organizaciones y
clubes de migrantes en el exterior, y las organizaciones públicas o privadas
que tengan como objetivo la protección de los derechos de los migrantes
y sus familias.
Sugerimos una política social migratoria incluyente en territorio nacional
mediante la creación de espacios de participación directa de los migrantes
para interactuar con el Estado. Una política social dirigida a los migrantes que