Mi primera publicacion VOLUMEN 20-MIGRACION-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO-20 | Page 60

60
Manuel García y Griego
En 1971, el estado de California aprobó una ley que castigaría con multas
al empleador que contratara a indocumentados bajo la teoría de que si tal
ley redujera la demanda de mano de obra indocumentada, habría también
una reducción sensible en la migración de indocumentados. 77 La ley pron­
to fue anulada por una decisión de la Suprema Corte del estado de Califor­
nia. 78 Las organizaciones mexicoamericanas que habían apoyado esa ley se
opusieron cuando registraron casos de discriminación laboral en contra de
trabajadores nacidos en Estados Unidos o que tenían documentos migra­
torios.
Entre 1973 y 1974, la UFW adoptó su postura a estos cambios. Los
miembros del sindicato adoptaron nuevos estatutos en los que se borró
cualquier distinción entre nacionales y extranjeros, y en que se promovió
el respeto a los derechos de todos sus miembros, independientemente de su
estatus migratorio. 79 Eso parece no haber sido suficiente para aplacar las
críticas. En 1974, Chávez publicó una carta en el periódico San Francisco
Examiner donde negó apoyar al plan del gobierno estadounidense de expul­
sar a “millones” de indocumentados, y volvió a repetir su crítica a la Patrulla
Fronteriza por permitir que los granjeros reclutaran a trabajadores indocu­
mentados como esquiroles. 80
Mientras tanto, a principios de los años 1980, continuaban algunas dife­
rencias entre la UFW y otras organizaciones chicanas. En 1981, por ejem­
plo, representantes de la LULAC y de MALDEF se oponían a la propuesta
de sanciones a empleadores como medida de control migratorio porque
calcu­laban que, de adoptarse, provocarían discriminación en el empleo con­
tra chicanos e inmigrantes legalmente en el país. La UFW, reflejando la
postura de la central AFL-CIO con la que estaba afiliada, seguía apoyando
esa propuesta. 81 Las sanciones a empleadores se promulgaron en 1986, y un
informe de la General Accounting Office del Congreso realizó un estudio de
campo en que concluyó que efectivamente las sanciones habían provocado
discriminación laboral contra méxicoamericanos. 82 Pese a ello, y a que las
sanciones no detuvieran el empleo de indocumentados, se mantuvieron en
la ley migratoria y siguen en la ley vigente.
77
“The Illegal Alien; Growing Threat to U.S. Workers”, Los Angeles Times, 22 de octubre de
1971, pp. A1, A22.
78
“Enforcement of Illegal Alien Job Law Urged”, Los Angeles Times, 23 de febrero de 1977,
pp. B3, B18.
79
Griswold del Castillo, p. 48.
80
Griswold del Castillo y García, pp. 62-63.
81
U.S. Senate, Subcommittee on Immigration and Refugee Policy, pp. 166-167, 190, 78.
82
U.S. General Accounting Office, pp. 37-72.