Además de la solicitud de medidas cautelares , las organizaciones interpusieron una petición en la que denuncian violaciones a los derechos al territorio y a la propiedad comunal , a la vida y a la integridad personal , al medio ambiente sano , al trabajo y a la protección judicial y acceso a la justicia . Según las organizaciones , pese a las denuncias realizadas y las acciones judiciales interpuestas , el Estado no ha adoptado medidas efectivas para salvaguardar los derechos de las y los afectados .
Francisco Xavier Martínez Esponda , representante legal por parte de CEMDA señaló “ que si bien las comunidades mayas obtuvieron una sentencia favorable de la Segunda Sala de la Suprema Corte en noviembre del año pasado , lo cierto es que ese fallo no resolvió sobre todos los derechos humanos violados , así como que en el proceso consulta que están llevando a cabo las autoridades no se están respetado las formas tradicionales de adopción de decisiones ni se está cumpliendo el estándar interamericano para ese derecho fundamental . En resumidas cuentas , como el Estado no pudo determinar todas las violaciones a los derechos de las comunidades mayas ni ordenar su reparación , es que ahora hemos tomado el camino de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ”.
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