desnutrición crónica -un porcentaje que aumenta en las áreas
indígenas del país-, los más pequeños están en una situación
"alarmante", sin protección, como mostró el incendio que en
marzo se cobró 41 vidas en un hogar estatal.
La comisionada para la niñez y la infancia, Esmeralda A. de
Troitiño, enfatizó que el sistema actual "no está funcionando
y tiene fallas" por lo que pidió "redireccionar las políticas de
respuesta a la niñez y establecer una política pública
nacional" enfocada a garantizar los derechos de este colectivo,
que comprende más de mitad de la población.
Los pueblos indígenas son otros de los grandes vulnerados,
sobre todo por la falta de una consulta - cuya "obligación es
del Estado"- para la construcción de industrias extractivas y
explotación de recursos naturales, motivo que lleva a la CIDH
a pedir que no se utilice la falta de una regulación interna
"como excusa" para no hacerlo.
El desplazamiento forzado de "decenas de miles de personas",
la violencia y estigmatización contra el colectivo LGBTI, la
vulnerabilidad de las mujeres indígenas, la violencia contra
los periodistas y los hostigamientos, agresiones y amenazas
contra defensores de derechos humanos fueron otros de los
temas analizados.
Pero también la situación de las cárceles, que según el relator
Luis Ernesto Vargas Silva es "calamitosa". El hacinamiento,
el uso "excesivo de la prisión preventiva", las deplorables
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