Marejadas Rurales y Luchas por la vida CONFLICTOS SOCIOTERRITORIALES | Page 64

FREDYD TORRES OREGÓN
l
JAVIER JESÚS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Conflictos socioambientales: minería y delincuencia organizada en Tierra caliente
los ediles, considerando las limitaciones y atribuciones legales que les confiere
la Constitución, y peor aún su vulnerabilidad frente la cooptación y filtración
del crimen organizado en sus estructuras administrativas: “Alcalde electo de
San Miguel Totolapan fue apoyado por la delincuencia organizada” (Cuevas,
2015). Así mismo, las amenazas directas de grupos delincuenciales contra
alcaldes electos para que no interfieran con ellos y cabida en el manejo de la
policía municipal: “alcalde de Teloloapan, Guerrero, pacta bajo amenaza con
la familia michoacana”. 4
Las redes sociales están inundadas de videos y testimonios de actos
violentos de los grupos armados tanto en Tierra caliente como Norte, en ellos
se constata las amenazas contra la población civil, funcionarios municipales,
comerciantes, ganaderos, y la rivalidad entre las distintas bandas que se disputan
el control territorial y la hegemonía de la producción de enervantes. En otras
palabras, la ausencia del Estado de Derecho 5 en ambas zonas permite a la
delincuencia organizada imponer sus propias reglas y su política de miedo y
terror en las comunidades.
Retomando el asunto de las divisiones intracomunitarias en las comunidades
por la minería cabe explicar cómo algunas de ellas se organizan para enfrentar la
voracidad de las mineras. En la siguiente figura se exponen aspectos del conflicto
social local contra la minera canadiense Media Luna, ubicada en el municipio
de Cocula, Guerrero; donde se involucran distintos agentes gubernamentales,
sociales (comuneros afectados, organizaciones ambientalistas y de derechos
humanos), y la propia minera. Los primeros fungen como intermediarios entre
la minera y la comunidad dado el trabajo técnico que realizan para determinar
el impacto ambiental de la actividad minera; y los segundos en la defensa de
sus tierras con el acompañamiento de organizaciones sociales (véase Figura 3).
https://www.youtube.com/watch?v=zqibnVzDQzs (17.02.2016).
Consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme
a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado
de los órganos del poder; el ejercicio de la autoridad conforme a disposiciones conocidas y no
retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos individuales, sociales,
culturales y políticos (Valadés, 2002: 226)
4
5
43