Marejadas Rurales y Luchas por la vida CONFLICTOS SOCIOTERRITORIALES | Page 63

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FREDYD TORRES OREGÓN
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JAVIER JESÚS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Conflictos socioambientales: minería y delincuencia organizada en Tierra caliente
endógeno: cambios legales y normativos en la Constitución mexicana permiten
mayores concesiones y procesos de ampliación económica de la minería;
segundo, exógenos: cambios de los precios internacionales de minerales y el
aumento de la demanda de materias primas e insumos para la industria.
La explotación minera en las regiones de Tierra caliente y Norte de
Guerrero data de más de tres siglos, sin embargo, esta no se ha traducido en
mayores niveles de bienestar de sus municipios y comunidades. El saqueo
y expoliación de sus recursos minerales por parte de compañías mineras
nacionales y extranjeras ha devastado tierras agrícolas, ríos, flora y fauna; los
efectos irreversibles en el medio ambiente no son equiparable a los apoyos
monetarios entregados a líderes o autoridades ejidales por el arrendamiento
de las tierras mineras. Estos apoyos proporcionados a ejidatarios o comuneros
se les conoce como “reciprocidad negativa”, citado en el trabajo de Garibay y
Balzareti (2009), el cual devela un carácter de dominio y subordinación entre
el patrón generoso y los campesinos que agradecen tan noble gesto.
La “reciprocidad negativa” ejercida por las mineras, como comenta Garibay
y Balzareti (2009), es posible porque las comunidades no son un ente social
monolítico. Es decir, en su interior prevalecen divisiones intracomunitarias sobre
el uso y aprovechamiento de sus tierras. Una de ellas es el cambio al artículo 27
constitucional en materia de derechos agrarios en la década de los noventa del
siglo pasado, que dotó al ejidatario de libertad para rentar o vender sus tierras
sin la anuencia de la Asamblea Ejidal (máximo órgano legal comunitario).
En ese sentido, las mineras pueden obtener permisos de explotación minera
a pesar de la oposición de grupos de ejidatarios o comuneros de la población.
Continuando con esta idea, la mineras previo inicio de actividades en
los lotes ejidales rentados deben presentar un estudio de impacto ambiental a
la autoridad local competente -el cual demuestre que su actividad no tendrá
efectos nocivos en tierras, bosques, fauna y agua-, sin embargo, en la práctica,
comentan López y Eslava (2011), las contradicciones en las normas mexicanas
facilita que difícilmente la minería establezca procesos o programas de impacto
ambiental, lo cual posibilita que la minería omita en sus informes el impacto
negativo de sustancias tóxicas, o en todo caso se refiera a ellas de forma muy
superficial (La Jornada ecológica, 2015).
El hecho de que la autoridad municipal en las regiones mineras recaiga la
autorización de permisos para cambios del uso del suelo –promovida por las
mineras- les permite a estas últimas márgenes de negociación para presionar a