Marejadas Rurales y Luchas por la vida CONFLICTOS SOCIOTERRITORIALES | Page 328

ÓSCAR EFRÉN MARÍN ENRÍQUEZ
Derecho Fundamental al agua en el derrame del Río Sonora
entonces gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, afirma que se ha
garantizado el abasto de agua a los pobladores afectados, que no existe riesgo
alguno de un nuevo derrame químico y que el suelo y fauna no presentan
índices de contaminación que impidan su aprovechamiento, como también
promete mantener una vigilancia constante de la calidad del agua y la salud
de la población.
Del mismo modo, se declaran finalizadas las etapas de muestreo y
monitoreo de calidad del agua, en los cuales se determina que los niveles de
químicos de pozos destinados para el uso y consumo humanos se encuentran
dentro de los parámetros de la norma. Sin embargo, se mantuvo como medida
precautoria la perforación y operación de nuevos pozos acuíferos, el abasto
de agua proporcionado por pipas y el funcionamiento de plantas purificadoras
en la región (Ibid).
Díaz, Duarte, y Durazo (2016) realizan un estudio químico sobre los niveles
de sustancias tóxicas encontradas en el Río Sonora después del derrame de
químicos, en el cual argumentan que, si bien, los límites de químicos nocivos
en el agua se encuentran dentro de los estándares de las normas mexicanas,
comparados con los parámetros que recomienda la OMS, estos se encuentran
muy por encima del límite de seguridad para el consumo humano.
La organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación
e Investigación (PODER por sus siglas en inglés), realiza un estudio de
testimonios a los sujetos afectados y concluye que los informes oficiales no
coinciden con la realidad que se vive en el entorno del Río Sonora (Godoy,
2015). En primera instancia se argumenta que, del monto total pactado en el
fideicomiso para remediar el daño, 2 mil millones de pesos, sólo se utilizaron
1204 millones, por lo cual, menos de la mitad del recurso económico sigue
sin ser entregado, creando esto una incertidumbre de la transparencia de dicho
fideicomiso.
Se critican también las sanciones económicas que se han impuesto a
Grupo México, la PROFEPA impuso una multa de 22 millones de pesos, monto
aparentemente muy bajo para una empresa con grandes insumos capitales
y para un desastre ambiental de tal magnitud como lo fue el derrame (El
Financiero, 2015). Por otra parte, del presupuesto con el que cuenta el programa
de remediación, 24 millones han sido destinados a publicidad mediática, cifra
que supera con creces el monto destinado para compensar económicamente a
los pobladores que interpusieron quejas por daños a la salud (Martínez 2015).
Como se mencionó con anterioridad, la SEMARNAT señaló como
responsable del derrame a la minera Buenavista del Cobre, subsidiaria del
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