“La inclusión en la sociedad ya la
consiguen las familias, que inician
a sus hijos en la convivencia social
desde que nacen”
En los primeros días de 2019 la mi-
nistra de Educación y Formación
Profesional, Isabel Celaá, anunciaba
que incorporaría las propuestas del
Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad
(CERMI) sobre educación inclusiva
del alumnado con discapacidad,
aprobadas por el Consejo Escolar
del Estado, en el proyecto de refor-
ma de la Ley Orgánica de Educa-
ción. Entre esas propuestas desta-
caba la de incluir en la nueva reforma
de la ley el compromiso adquirido
desde su ratificación por España en
2016 con la Convención Internacio-
nal de Derechos de las Personas con
Discapacidad de Naciones Unidas,
que insta a los países firmantes a
erradicar los itinerarios alternativos,
como sucede en el caso de España
con la Educación Especial.
Para Jesús Martín Blanco, delega-
do de Derechos Humanos y para la
Convención de Naciones Unidas de
CERMI, la reforma de la Ley Orgáni-
ca de Educación (LOE) que propo-
nía el Gobierno de Sánchez antes de
la no aprobación de presupuestos y
la consiguiente convocatoria de
24
•
mama
• ABRIL 2019
elecciones, suponía “avances para
armonizar” la legislación española a
los mandatos de la Convención, que
en su artículo 24 estipula que “los
Estados Partes asegurarán un siste-
ma de educación inclusivo a todos
los niveles”; y que al hacer efectivo
ese derecho se asegurará que las
personas con discapacidad “no
queden excluidas del sistema gene-
ral de educación por motivos de
discapacidad” y que puedan acce-
der “a una educación primaria y se-
cundaria inclusiva, de calidad y gra-
tuita, en igualdad de condiciones
con los demás, en la comunidad en
que vivan”.
En España, en el curso 2018/2019,
según datos del Ministerio de Edu-
cación, más de 37.000 niños y niñas
con discapacidad estudian en cen-
tros específicos de Educación Espe-
cial, lo que supone alrededor del
17% del total. El objetivo, para Martín
Blanco, debería ser acercar ese por-
centaje a 0, como sucede en países
vecinos como Portugal (2%), para
“tener un único sistema educativo
en el que todos y todas se eduquen
igual términos de presencia, partici-
pación y progreso”.
NO TODOS ESTÁN DE ACUERDO
El 23 de febrero, y ante la repercu-
sión generada por estas informacio-
nes, el Ministerio de Educación ne-
gaba a través de un tuit lanzado
desde la cuenta oficial del Gobierno
de España en Twitter el cierre de los
centros especiales: “En sintonía con
la Convención de los Derechos del
Niño y atendiendo al interés del me-
nor y sus familias, podrán escolari-
zarse en centros ordinarios o espe-
cializados incorporando los medios
necesarios”.
Pilar Sanjuan, presidenta de Down
Cataluña y secretaria y asesora de
educación de Down España, afirma
que le sorprendió la virulencia de las
manifestaciones en contra del pro-
yecto de reforma de la Ley de Edu-
cación porque, sostiene, pensaba
que la idea de la educación inclusiva
había permeado ya mucho más en
la sociedad. “Me he dado cuenta de
que sigue haciendo falta mucha
concienciación social. Yo siempre
digo que los niños y niñas que com-
parten clase con personas con dis-
capacidad son los que el día de ma-
ñana no van a ver este tema como
algo extraño, porque lo habrán vivi-
do con naturalidad. Pero como no
en todos los colegios hay personas
con discapacidad nos queda mucho
trabajo por hacer ya que hay mu-
chos niños y muchas familias que
jamás van a tener esta experiencia”,
sostiene.