Los transgenicos/ Marzo 2019
campesino que siembra semillas que no sea certificadas, también prohíbe una técnica ancestral de los agricultores que reservaban la mejor parte de la cosecha para utilizarla en la próxima siembra” (Solano.2013). Esto generó el desecho de 100 toneladas de comida en Campoalegre por las semillas no certificadas que habían sido utilizadas. Esta resolución respaldada por el ICA tiene un trasfondo, el cual pretende beneficiar a transnacionales que están a cargo de la comercialización de semillas MG, protegidas legalmente mediante patentes y obtenciones vegetales. Este tipo de acuerdos “sobrepasan los límites de lo económico para entrar a dominar al estado” (Bonilla. 2014). Esto significa que dichas relaciones internacionales han influenciado las regulaciones y normativas manejadas previamente por el gobierno colombiano. Se le dio prioridad a empresas multinacionales extranjeras para la comercialización de sus productos, mediante leyes que favorecen a estas masivas entidades, mientras que los agricultores son apartados.
Otro ejemplo puntual de la intervención judicial del gobierno colombiano para favorecer a las transnacionales es la ley 1518 de abril del 2012. En esta se pretendía aplicar la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales 91 (UPOV 91).Pero, la corte constitucional declaró esta ley inexequible por no llevar a cabo una consulta previa a las comunidades directamente afectadas por esta regulación, ya que la UPOV 91 “podría afectar la biodiversidad, la cultura y los territorios de los pueblos” (Jeria. 2014). Esta regulación tenía como propósito favorecer a las transnacionales, permitiendo que estas empresas fueran capaces de aplicar tanto a una patente como a una obtención vegetal sobre un mismo cultivo.
Además, esta resolución “obliga” a los campesinos a comprar dichas semillas certificadas producidas por empresas transnacionales; es importante mencionar que el precio de estas semillas alteradas genéticamente pueden ser el doble en comparación a semillas “normales”. También hay casos en los que estas empresas venden los recursos (abono, pesticidas, maquinaria) para que la semilla se desarrolle, por aparte, con el gran infortunio de que, al momento de recoger la cosecha, si el cultivo no dio fruto alguno, los proveedores de semillas no se hacen cargo por la inefectividad de estas.
Se puede establecer que en Colombia los intereses del gobierno y su afán de lograr relaciones internacionales descuidan el bienestar de su propia población, promoviendo y ayudando con la participación en territorio colombiano a empresas trasnacionales productoras de semillas modificadas genéticamente perjudicando la producción natural y autóctona de los agricultores colombianos
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