Libro: Estado, pensamiento crítico y políticas públicas LIBRO IIESES 2018 | Page 58

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calidad de sus procesos. Por ello, junto con estas acciones, es necesario realizar
un diagnóstico institucional a fin de identificar las debilidades y fortalezas, así
como sus amenazas y oportunidades y empezar a trabajar en un plan maestro
de mejora institucional.
Si bien dicho análisis estratégico de la UPAV queda fuera del objetivo de
este trabajo, sí es posible indicar la necesidad de fortalecer y certificar sus
procesos educativos y redefinir una oferta educativa acorde a las necesidades
de desarrollo económico y social del Estado.
V. CONCLUSIONES
Actualmente el Estado mexicano tiene la obligación constitucional de garantizar
la educación obligatoria, la cual comprende desde la educación preescolar hasta
la educación media superior. No obstante, a lo largo del documento se citaron
diversos estudios que demuestran que la ampliación de la educación superior
tiene efectos significativos no sólo sobre el crecimiento económico, sino también
sobre la desigualdad, por lo que bien valdría la pena incluir el tema de la
universalización de la educación superior para el próximo gobierno federal y, en
este sentido, dar un paso adelante en los derechos humanos, sociales,
económicos y culturales que todo ciudadano mexicano debe ejercer: el acceso
a una educación superior pública y de calidad.
Si queremos formar mejores ciudadanos, pensantes, críticos, informados,
reforzar nuestra incipiente democracia y reducir la desigualdad social en este
país, debemos empezar con el impulso a la educación.
Es por ello que en la presente propuesta se argumenta a favor de ampliar
las oportunidades educativas en el nivel superior, especialmente para las clases
sociales que no pueden costear sus estudios en universidades privadas y que
no encuentran oportunidades de continuar sus estudios en las instituciones de
educación superior pública actuales.
Hoy en día los países que han logrado sacar de la pobreza a una parte
significativa de su población son aquellos que le han apostado tanto a políticas
redistributivas como a la universalización de la educación superior pública como
un derecho humano. En el plano nacional, esto requerirá suscribir un gran
Acuerdo Nacional por la Educación Superior con las distintas fuerzas políticas,
organizaciones académicas, sociales y el sector productivo para hacer posible