forma aislada, puntual y localista; (ii) la nueva
centralidad de los conflictos relacionados con las
concesiones y el proceso de ampliación de ope-
raciones de empresas petroleras y mineras en el
país; (iii) el potencial de agregación de deman-
das y de aglutinación de actores en torno a un
evento conflictivo (en un contexto normalmente
caracterizado por la multiplicación de actores y
la fragmentación de conflictos); y (iv) la espiral de
violencia creciente que tanto la prolongación del
conflicto, como la lógica de desgaste del diálogo
y más aún la intervención de las fuerzas del orden
pueden desatar.
De esta forma, más allá de fluctuaciones menores
en el corto plazo, la comparación entre los
períodos de ‘preinflexión’ (antes del 2008) y
‘postinflexión’ (2010-actualidad) muestra que
el conflicto de Bagua, y más específicamente,
la forma en que se gestionó y las causas que
lo originaron cristalizó una serie de cambios
duraderos en el patrón de conflictividad social en
Perú: el número total de conflictos se incrementó
considerablemente, pasando de un promedio
de 80 a más de 200 conflictos entre activos y
latentes; el porcentaje de conflictos activos (que
tienen un mayor potencial de violencia) pasó de
representar el 25% al 75% del total de conflictos
registrados; el número de conflictos socio-
ambientales se multiplicó por cinco, pasando
de un promedio de 25 a 132 conflictos actuales;
y en términos relativos, los conflictos socio-
ambientales incrementaron su participación del
30% al 64% del total de conflictos en el país.
Este pronunciado incremento de los conflictos
sociales, y de los socio-ambientales en particular,
estaría causado por el crecimiento de la econo-
mía peruana, asentado en el dinamismo de la
inversión privada, fundamentalmente en torno
a grandes proyectos de inversión mineros, pe-
troleros y gasíferos en zonas rurales, alimentando
temores (percibidos o reales) en las poblaciones
locales sobre el impacto negativo en sus condi-
ciones de vida, básicamente en cuanto hace a
la contaminación ambiental que estos proyectos
podrían generar, contaminando las fuentes de
agua y perjudicando las tierras dedicadas a la
agricultura.
Los conflictos sociales en el Perú han mostrado
una serie de tendencias en los últimos años: (i) el
número elevado de conflictos que se producen
mensualmente en el país, asociado con un alto
grado de fragmentación de los conflictos y con
una multiplicación de los actores en conflicto; (ii)
el protagonismo del Estado central como refe-
rente principal, ya sea como actor demandado
o como instancia en la que recae la competencia
en la atención de las demandas presentadas; y
(iii) las limitadas capacidades que tiene el Estado
para gestionar los conflictos.
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