Finalmente, el país cuenta con el sustento jurídico penal y administrativo para enfrentar una de las mayores amenazas al crecimiento y desarrollo social, como lo es la corrupción. El pasado 18 de julio el Presidente Enrique Peña Nieto promulgó en Palacio Nacional las 7 leyes que dan vida formalmente al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el cual dijo, “representa un cambio de paradigma que dota a México de nuevos instrumentos para fortalecer la integridad en el servicio público y erradicar la corrupción y permitir reconstruir la confianza ciudadana en sus instituciones y en sus autoridades”.
El SNA está diseñado para crear instituciones fuertes y autónomas que prevengan y castiguen la corrupción. Se pretende eliminar trámites innecesarios, y al mismo tiempo, permitir que las contrataciones y obras públicas se realicen con total transparencia. Además, el servicio público será más íntegro y promoverá la real y efectiva rendición de cuentas. Para lograrlo, se crea la Fiscalía Anticorrupción (en la PGR) y salas especializadas en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa –antes Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa–. De igual forma, se fortalece a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a la Secretaría de la Función Pública, cuyo titular deberá ahora ser ratificado por el Senado de la República.
Para ello, se expidieron 4 nuevas leyes y se reformaron 3. Las nuevas leyes son:
1.Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
2.Ley General de Responsabilidades Administrativas
3.Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
4.Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Se reformaron:
5. Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República
6. Código Penal Federal
7. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
(2 agosto, 2016)
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