Opinión
En específico a la controversia mencionada en el punto anterior no hay ningún momento en la Ley de Seguridad Interior en dónde se mencione que se dañará la autonomía de alguna entidad, más bien, se podría entender que se trabajará en conjunto con la misma. Ya que en su artículo 23 dentro del Capítulo Tercero, se hace únicamente mención de las tareas y competencias que tendrán las autoridades en caso de una Declaratoria de Seguridad Interior. Se podría vulnerar de cierta manera la autonomía municipal, porque se subordinarían todos al Presidente para que haya un orden. Además, cabe mencionar que una de las facultades del Congreso con respecto al artículo 76, fracción XXIX-I, se tiene el poder de expedir leyes en las cuales la federación, así como estados y sus municipios se podrán coordinar acciones con respecto a protección civil.
Debido a la falta de información que hay actualmente con respecto a la Ley de Seguridad Interior, no han podido ser esclarecidas todas las dudas que han surgido después de su publicación, pues como se ha presentado en el anterior punto, no se presentan motivo manifiesto que esté previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por nuestra parte encontramos que el principio de seguridad se magnifica cuando se habla dentro y fuera del territorio, por lo que este principio queda por encima de la autonomía de un estado o la privacidad de particulares, pues lo que busca el estado principalmente es salvaguardar la integridad del país y sobre todo de su sociedad.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista esta ley realmente no tiene mucho de novedoso, dado que es algo que tiene años suscitándose en el facto. El presidente es el líder supremo de las fuerzas armadas y en colaboración con los gobiernos estatales, ha llevado a cabo las llamadas operaciones de alto impacto desde incluso antes de que empezara la guerra contra el narco. Lo único que los legisladores hicieron fue plasmar el facto en el iure. Y precisamente ese es el problema: Lo pasaron con todo y los huecos jurídicos que ya había desde que empezó la lucha contra el narco.