Estados Americanos (OEA), que por medio de la Medida Cautelar 409-14 le pidió al
Estado Mexicano que, en un plazo de 10 días se determinara el paradero de los 43
estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” (OAS, 2014). Lo que no
tuvo resultado.
A cinco años del crimen de Estado
Desde el comienzo de la búsqueda de los 43 normalistas se han encontrado fosas
clandestinas y 184 cuerpos, sin embargo, ninguno de éstos ha dado pista de dónde se
encuentran los estudiantes. Al menos la mitad de las personas sospechosas han sido
liberadas y ninguna ha sido condenada por estasdesapariciones (The Associated
Press, 2019). Uno de los casos de absolución más controversiales fue el de Gildardo
López Astudillo, alias “El Gil”, quien era
parte de las cabezas del grupo y, de igual forma, fue acusado de dar la orden para
desaparecer a los normalistas (Animal Político, 2019).
Abarca y Pineda, al día de hoy se encuentran a un juicio de salir de la cárcel aunado
al descrédito de los últimos testigos por parte de un juez debido a que la entonces
Procuraduría General de la República llevó a cabo tortura para lograr estos
testimonios y, por su parte, la actual Fiscalía General de la República no ha
presentado nuevas pruebas para mantener al matrimonio en los respectivos penales
donde se encuentran (Mosso, 2019).
La falta de claridad y las incógnitas sobre qué pasó, cómo pasó, dónde pasó y por
qué pasó continúan vigentes, y la complicidad de los gobiernos diferentes escalas han
cobijado a las y los perpetradores del crimen. A un lustro de la hecatombe seguimos
buscando a los normalistas y exigiendo justicia #HastaEncontrarlos.
Es obligación del gobierno federal afianzar las capacidades institucionales en aras
de que éstas sean capaces de asegurar el acceso a la verdad que, más allá de histórica,
sea real. Para un país tan sangrado por las injusticias, la corrupción y la impunidad,
como lo es nuestro país, las ausencias no son medidas por números sino por dolor.
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