Marcha civil por los 43 desaparecidos.
criminal que proyectaba la violencia,
corrupción y la narcopolítica que vivía
el estado de Guerrero. Los hechos
fueron claros: los normalistas habían
sido víctimas de un crimen perpetrado
por
la
organización
criminal
“Guerreros Unidos”.
Con base en filtraciones que se
fueron produciendo de forma lenta y
que no han permitido conocer el
paradero de los estudiantes, se
descubrió que Julio César Mondragón,
quien tenía apenas 19 años, había sido
víctima de tortura, su cuerpo fue
encontrado con la piel arrancada y, por
medio de peritajes, se pudo descubrir
que ésta, al igual que sus ojos, habían
sido extirpados aún estando vivo
(Munaiz, s.f.).
De acuerdo con la autodenominada
“verdad histórica”, que fue la
explicación del gobierno federal a la
desaparición de los normalistas y que
posteriormente sería refutada por el
Grupos Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), el matrimonio
de
los
Abarca
tenía
pleno
conocimiento sobre los acecimientos
de la noche del 26 y la mañana del 27
de septiembre. Según diversos
testimonios, Pineda Villa, al mismo
tiempo de presentar su informe de
actividades como presidenta local del
Sistema Nacional para el Desarrollo
Integral
de
la
Familia
(DIF),
comenzaría su lanzamiento para
alcalde de la localidad; temerosa por
la noticia y la posibilidad de que
arruinaran su celebración, le pidió a
Abarca Velázquez que los detuvieran
(Rocha, 2019), culminando en la
tragedia objeto de este artículo.
El suceso fijó la mirada no sólo de la
sociedad civil de nuestro país en
Guerrero, sino la del mundo entero, lo
que tuvo como consecuencia que
Organizaciones Intergubernamentales
(OIGs) y ONGs también lo hicieran.
Un caso claro de la primera fueron las
acciones emprendidas por parte de la
Comisión
Interamericana
de
Derechos
Humanos
(CIDH),
perteneciente a la Organización de los
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