trasladada a la Cruz Roja de Culiacán, en donde se detectó su embarazo
y fue asignada al Hospital de la Mujer. Desde el momento de su traslado
en ambulancia, ella expresó su deseo de interrumpir su embarazo y
redactó un documento firmado que constataba su intención. Varios
grupos activistas la acompañaron durante todo el proceso,
interpusieron una demanda ante la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Sinaloa por el incumplimiento de la Norma 046, se
reunieron con el entonces Secretario de Salud del estado y enviaron
documentos. De todas estas acciones nunca se tuvo registro de una
respuesta por parte del Estado.
En 2016, en Guadalajara, Jalisco, una joven de 16 años fue
violada por un taxista que presuntamente controlaba el comercio de
marihuana en dicha ciudad. Cuando la joven le comentó a su madre su
deseo de abortar, ambas se trasladaron al Ministerio Público para
denunciar la violación y comenzar el proceso de aborto. La respuesta de
las autoridades fue en todo momento lenta y poco clara. El médico les
prescribió misoprostol, un medicamento antiulceroso que también se
usa para abortar, cada 8 horas vía oral y vaginal, pero, cuando la revisó
un par de días después de ingerida la primera pastilla, comprobó que
seguía embarazada, probablemente porque las instrucciones que les
proporcionó no cumplían con el protocolo de la Organización Mundial
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