Esta decisión significa que la fiscalía tendría la opción de promover
otro juicio contra el agente por cargos de homicidio involuntario.
Abogados especializados en materia de derechos humanos afirmaron
que este era el primer juicio contra un agente de la Patrulla Fronteriza
por asesinar a tiros a alguien que se encontraba del otro lado del
límite del territorio de Estados Unidos. Los fiscales mencionaron que
a pesar de haber arrojado piedras a los agentes, Rodríguez no merecía
morir, sin embargo, la defensa argumentó que el uso de la fuerza letal
podía ser justificado por disparar en defensa propia.
A su vez, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno mexicano
apoyaron a la familia de la víctima, presentando un escrito de Amicus
Curiae (Amigos de la Corte), ante la Corte Federal de Apelaciones del
Noveno Circuito en San Francisco, California, para apoyar el derecho
de la madre de José Antonio. En este escrito, se reiteró que, derivado
de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos,
Estados Unidos ha reconocido que ninguna persona puede ser privada la vida de forma
arbitraria y si se da el caso de que se violen los derechos de alguien, se podrá interponer
un “recurso efectivo” frente a los tribunales.
Con base en lo que establece la interpretación de órganos internacionales especializados
en materia de derechos humanos, en casos como este, persisten estas obligaciones sin
importar que la víctima no se encontrase dentro del territorio norteamericano.
Así mismo, el gobierno de México, a través de su embajada en Estados Unidos y el
Consulado General de México en Nogales, Arizona, seguirá otorgando asistencia y apoyo
a la familia del afectado, con el fin de lograr apegarse al marco jurídico estadounidense y
al derecho internacional que se haga efectivo el derecho de compensación por los daños
causados.
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