Lex Scripta Febrero 2019 | Page 26

o existir oposición militar, el abrir elecciones solo apresurará su caída inevitable. Por otro lado no existe una iniciativa por parte de los aliados de Maduro para evitar su derrocamiento. Países como Rusia y China solo parecen estar más preocupados por sus inversiones que por esta supuesta transición. Por otra parte, México se niega a mostrarse bajo la idea de “no intervención” justificando sus principios constitucionales junto con Argentina. Ante este escenario internacional, Maduro inicia Febrero con el objetivo principal de vender 15 toneladas de oro a los países árabes con el “supuesto” fin de estabilizar la solvencia dentro de Venezuela; sin embargo, las acciones tomadas no resuelven el problema si se sigue con la narrativa imperialista que ha mostrado dentro de su mandato. Un imperialismo que ha hecho que el 61,5% de las personas sean pobres según la Encuesta sobre Condiciones de Vida en Venezuela (Encovi, 2018). También dando otro punto de análisis, vamos a conceder el peor escenario en que Venezuela puede estar inmerso. Maduro, además de ser un dictador que minimiza la oposición y desaparece las voces disidentes, ha llevado a un país muy prometedor en materia de recursos naturales a la miseria. De igual forma es una realidad el desabasto alimenticio y a la hiperinflación, sin sin embargo, a pesar de esto está en cuestionamiento si se debe reconocer a Guaidó como presidente. Para este análisis es necesario retomar el término de democracia, ya que ésta busca asegurar y mantener la centralidad del sistema representativo. También esta establece que las decisiones políticas deben ser tomadas desde una perspectiva normativa en el marco de las instituciones formales de democracia representativa. Si bien los principales actores como lo son los partidos políticos, las instituciones y su población, son los responsables de que la democracia se ejerza de manera óptima, es importante que se lleve acabo de manera legal. No cabe duda que en cualquier país sin la centralidad del sistema representativo, la gobernabilidad no pude garantizarse, peligrando así la consolidación de la democracia. En términos de una democracia institucionalizada, no es constitucional reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela por una declaración unilateral de una persona política que no tiene las facultades legales para ello. De igual forma, no fue elegido o votado legalmente en un proceso electoral válido. A pesar de que Maduro tampoco fue electo con criterios de validez y de certeza bajo unas fraudulentas y permeadas elecciones, no hace a Juan Guaidó legítimo para gobernar Venezuela considerando el reconocimiento internacional que se le ha otorgado. 26