La Molesta News Primera edicion 4 Nov 2013 | Page 10

November 4th, 2013

a más de 90 por ciento de los crímenes en este país
centroamericano.
La cuestión es si los cambios obedecen solo a la impronta de la
fiscal general Claudia Paz y Paz, de 46 años, y se desvanecerán
cuando termine su mandato, en diciembre de 2014.
Nunca antes un ex jefe de Estado fue llevado a juicio por
genocidio en su propio país. Le cupo a Paz y Paz hacerlo con
el exdictador Efraín Ríos Montt, si bien el resultado pende de
un hilo.
Paz y Paz también depuró el Ministerio Público y logró
resultados sin precedentes en sentencias p or homicidio,
violación sexual, extorsión y secuestro.
El contexto en el que actúa no es un dato más: este es el único
país del mundo en el que las Naciones Unidas y el gobierno
establecieron en 2007 la Comisión Internacional contra la
Impunidad en Guatemala.
Su primer cambio fue aplicar en el Ministerio Público un
sistema de evaluación por resultados. Los fiscales que más
casos resuelven son recompensados con oportunidades de
ascenso, mientras aquellos de bajo rendimiento deben explicar
por qué no han alcanzado sus metas y pueden enfrentar
procesos disciplinarios si se comprueba negligencia, explicó
Paz y Paz a IPS.
Un 80 por ciento de los fiscales que llevaban dos décadas en
el Ministerio Público y tenían entre 65 y 75 años decidieron
renunciar tras la entrada en vigor del nuevo sistema. Eso
permitió que jóvenes más preparados en el manejo de
evidencia forense asumieran como jefes de sección y de
fiscalías distritales.
Otro avance fue priorizar la violencia contra la mujer. Bajo
su gestión, se abrió un juzgado de 24 horas dentro de la
sede del Ministerio Público, lo cual permite imponer medidas
cautelares contra los agresores de manera ágil y sin que
la víctima tenga que desplazarse desde la fiscalía hacia el
Organismo Judicial.
Se creó asimismo una unidad específica para investigar
crímenes sexuales y se asignaron más recursos a la Fiscalía de
Delitos Contra la Mujer.
Un sistema de evaluación pregunta de manera aleatoria
a los denunciantes cómo fueron atendidos y si sufrieron
discriminación. Estas encuestas llevaron a destituir a un fiscal
en el departamento norteño de San Marcos por acosar a una
joven que había denunciado una violación.
La desarticulación de bandas de narcotraficantes,
extorsionistas y secuestradores lograda por la fiscalía debe
atribuirse a ?una investigación más proactiva, dirigida a
mercados ilegales o a estructuras criminales?, dijo Paz y Paz.
En junio de 2012, el Tribunal Primero B de Mayor
Riesgo encontró responsables de varios delitos ?secuestros,
asesinatos y ataques a fuerzas de seguridad? a 36 integrantes
del grupo de narcotraficantes mexicanos Los Zetas, que
recibieron condenas de entre dos y 158 años de prisión.
?El Ministerio Público dirigido por Claudia Paz y Paz y
apoyado por la Cicig ha logrado importantes avances. Hay
un expresidente procesado y las estructuras clandestinas
han empezado a salir a luz?, dijo a IPS el politólogo Juan

Published by: Colectivo Cyberactivista

Carlos Garzón, experto visitante del estadounidense Woodrow
Wilson Center.
Portillo y Ríos Montt: casos polémicos
Otro proceso de alto impacto fue el seguido contra el
expresidente Alfonso Portillo, extraditado a Estados Unidos en
mayo para enfrentar cargos por conspiración para el lavado de
dinero durante su mandato (2000-2004).
La Corte de Constitucionalidad autorizó extraditar a Portillo
en 2011, pero todavía hay recursos legales pendientes en
tribunales guatemaltecos, lo cual ha generado dudas acerca de
la legalidad de la medida.
?La extradición de Portillo se dio de forma apresurada, hubo
muchos atropellos?, dijo a IPS el investigador Lizandro Acuña,
del área de justicia y seguridad del Instituto de Problemas
Nacionales de la Universidad de San Carlos.
Mientras, el juicio contra Ríos Montt sigue pendiente. El
Ministerio Público presentó peritajes y testimonios para
demostrar que durante los 17 meses de su Presidencia
(1982-1983) se cometió genocidio contra el pueblo maya ixil.
Los cargos incluyen el asesinato de 1.771 ixiles, 1.485
violaciones sexuales a niñas y mujeres, además de otras
atrocidades y vejaciones.
En mayo, la justicia condenó a Ríos Montt a cumplir 80
años de prisión. Pero la Corte de Constitucionalidad anuló la
sentencia 10 días después y ordenó repetir el último tramo del
proceso.
El juicio polarizó a la opinión pública entre quienes defienden
las acciones del ejército y quienes exigen justicia para las
víctimas. Es que los hechos juzgados ocurrieron en el marco
de una guerra civil (1960-1996) que dejó 250.000 muertos, la
gran mayoría indígenas.
Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la derechista Fundación
Contra el Terrorismo, integrada por militares retirados y sus
familiares, acusa a la fiscal Paz y Paz de ?desatar una cacería
contra los soldados?.
En 2011, Méndez Ruiz presentó una demanda contra 26
exintegrantes del Ejército Guerrillero de los Pobres ?que
había actuado durante el conflicto armado?, incluyendo a dos
primas de la fiscal general: Margarita y Laura Hurtado Paz y
Paz, a quienes acusó de haberlo secuestrado en 1982.
Pero Paz y Paz replicó que esclarecer las violaciones de
derechos humanos cometidas durante el conflicto armado ?no
es parcialidad, es ser responsable con las obligaciones que se
asumen como fiscal general?.
El proceso contra Ríos Montt debería reanudarse en abril
de 2014, en medio de la incertidumbre de víctimas y
sobrevivientes que prestaron sus testimonios y que han
soportado presiones y amenazas.
Por ahora, la fiscal general prefiere no anunciar si volverá a
postularse. Insiste en que se encuentra inmersa en la tarea
de institucionalizar los cambios en el Ministerio Público. Pero
advierte que si su sucesor no está dispuesto a continuar esta
labor, los progresos se vendrán abajo.

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