LA ECONOMÍA DE MÉXICO EN EL TLCAN: BALANCE Y PERSPECTIVAS FRENTE AL T VOLUMEN 19-LA ECONOMIA-VERSION DEFINITIVA-17-MAYO- | Page 795

REFORMA LABORAL EN MÉXICO 2017
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Nosotros compartimos la segunda opinión, ya que se ha culpado injus­
tamente a estos trabajadores de ser los únicos causantes de la lentitud y
corrupción existentes en las juntas, y señalado que por ellos fue necesario
el cambio constitucional. Este razonamiento deviene de que la iniciativa pre-
sidencial omite señalar que la principal razón para el cambio deriva de la
violación al estado de derecho que conlleva el que el Ejecutivo, federal o
local, sea indebidamente el administrador de justicia, y de que para ocul­
tarlo se señalan como motivos exclusivos la lentitud y la corrupción. No cabe
duda de que en algunas Juntas existe corrupción y —por variadas causas—
justicia retardada; sin embargo, estos temas pueden ser resueltos con refor­
mas al procedimiento, con recursos técnicos y humanos; por ejemplo, la
corrupción puede enfrentarse mediante mecanismos de transparencia,
rendición de cuentas y un auténtico servicio profesional de carrera.
Insistimos: el control gubernamental y el falso tripartismo, sólo podían
ser superados con un cambio como el que se llevó a cabo.
U N PRIMER INTENTO DE DAR MARCHA ATRÁS A LA REFORMA,
ANTES DE HABER NACIDO
Aún sin haber concluido el proceso de reforma constitucional del artículo
123, a principios de diciembre de 2016, la STPS inició un cabildeo con
organizaciones empresariales y sindicales sobre los temas colectivos de la
reforma (el ejercicio del derecho de huelga y la contratación colectiva
en sus aspectos de firma y depósito). Si bien el proyecto se manejó en se­
creto, su texto se difundió rápidamente y su contenido contradecía la pro­
puesta de reforma.
Varios aspectos de este proyecto generaron controversia. El primero es
que para acceder a la firma del contrato, la consulta no se ajustaba al voto
individual, libre y secreto —como lo señala el texto constitucional—, sino
que se reducía a un documento reseñando los nombres de los trabajadores
a quienes debe aplicarse, haciendo constar que conocen su contenido. En
cambio, cuando se trata de un emplazamiento a huelga, ahí sí se es más
exigente, debiendo demostrar que al menos 30% de los trabajadores están
conformes con dicho emplazamiento. En ese sentido, nuevamente se favo­
recía la opción de la firma del contrato sin una consulta como lo mandata la
Carta Magna mediante “voto personal, libre y secreto” (CPEUM, 2017:132).
Un segundo aspecto discutible es que se bloquea la opción para cambiar
de sindicato a través del juicio de titularidad de contrato, ya que se exige un
recuento previo a que la demanda sea admitida. Esto es absurdo, en virtud
de que exhibiría a los trabajadores que quieren el cambio del sindicato