Cuadernos del GESCAL. Año 1, No 1, Agosto de 2013 37
a estos dos sucesos, resultaron sistemáticas.
En primer lugar, las declaraciones del vicepresidente de la República de la época( Francisco Santos) sobre tres sindicalistas asesinados por el Ejército en el departamento de Arauca( nororiente del país) en el año 2004, al señalarlos – sin que haya mediado prueba judicial ni investigación ó proceso alguno- como“ guerrilleros caídos en combate”, justificando así los asesinatos. En segundo lugar, las frecuentes declaraciones contra todo el movimiento sindical por la participación de cuatro sindicalistas en un foro realizado en Quito, Ecuador, en julio de 2007.
Estas y otras situaciones han evidenciado que la violencia antisindical está constantemente arraigada en la oficialidad, reforzando irresponsablemente una cultura anti-sindical que pone en tela de juicio la existencia democrática del movimiento y también que, bajo esos criterios, las acciones de responsabilidad del Estado y el Gobierno puedan ser declaradas ajustadas a algún criterio de imparcialidad.
El balance en este sentido claramente apunta a la voluntad de desestructuración de las clases trabajadoras, empezando por las sindicalizadas, y la reconfiguración de las relaciones capital-trabajo a favor del Capital y en sintonía con los objetivos neoliberales“ legales” pero también mediante el ejercicio de la violencia“ ilegal” no legítima ejercida sistemáticamente por los grupos paramilitares con la connivencia, acción u omisión de sectores del Estado colombiano 15. Dos elementos distintivos del proyecto neoliberal ab origine se mantienen: impunidad y terrorismo de Estado. Incluso se“ blindan” a través de gestiones institucionalizadas como es el caso de la ley de“ fuero militar” iniciativa activada en la presente administración de Juan Manuel Santos 16.
4.2. Depredación y desposesión: entre el desplazamiento y la concentración
Otro de los síntomas que expresan fielmente la conjunción neoliberal-para-militar en Colombia lo constituye la expropiación violenta de los medios de producción y la progresiva captura, en los mismos términos, de rentas y plusvalía. Aquí la concentración legal e ilegal de las tierras sería una de las expresiones más distintivas.
Desde principios de la década de los 90s, la cuestión agraria en Colombia se ha caracterizado, de una parte, por la ampliación y profundización de las lógicas mercantiles globales, principalmente en su versión de localización transnacional, primero, bajo la imposición del modelo de vocación exportadora, reprimarizador y aperturista( indiscriminado) del neoliberalismo de los años 90s pero más recientemente de la mano de varios Tratados bilaterales de Libre Comercio, seguramente lo más trascendentes, con los Estados Unidos y la Unión Europea en el nuevo siglo.
De otra parte, por el doble influjo que ejercen las mafias del narcotráfico( lavado de activos a través de“ inversiones” en ganadería y compra de tierras, sobre todo) y, fundamentalmente,
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Según datos aportados por la Revista CEPA, por diversas irregularidades en los últimos siete años, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de 1.274 investigaciones contra 2.965 miembros del Ejército( 35 brigadas, 481 oficiales, 14 coroneles, 1.026 suboficiales y 1.458 soldados).
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Al respecto Amnistía Internacional( 2013) se ha pronunciado:“ Los miembros del Congreso colombiano deben rechazar un proyecto de ley cuyo propósito es otorgar mayores poderes al sistema de justicia militar, y que protegerá a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía de ser procesados por delitos de derecho internacional … La ley … afianzará la impunidad por violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas de seguridad de Colombia. Las fuerzas de seguridad, ya sea solas o en connivencia con paramilitares, y los grupos de guerrilla siguen siendo responsables de graves abusos, tales como homicidios ilegítimos, desplazamiento forzoso, tortura, secuestro o desaparición forzada, y violencia sexual”.