Cuadernos del GESCAL. Año 1, No 1, Agosto de 2013 35
Cuadro 3. Violaciones a los derechos humanos de sindicalistas en Colombia 1986-2009, según |
“ presuntos autores” |
Presuntos Responsables |
N º de casos |
Porcentajes |
Autodefensas y / o paramilitares |
1.852 |
20,1 |
Organismo estatal |
450 |
4,8 |
Empleador |
53 |
0,5 |
Organismos de seguridad privada * |
2 |
0,02 |
Delincuencia común |
13 |
0,1 |
Guerrilla |
340 |
3,6 |
No identificado |
2.569 |
27,9 |
Sin dato |
3.911 |
42,5 |
Total |
9.190 |
100 |
Fuente: Autor con base de datos SINDERH-ENS y Centrales Sindicales y CCJ( 2010).(*) Excluye 2008-2009. |
Según datos del Informe del PNUD( 2011) y tomando como referencia ahora el período 1988-2009, las tendencias se mantienen. Atendiendo un análisis sólo para este tipo de violación( homicidios): 70 % de las presuntas autorías son“ desconocidas”, 25 % atribuidas a grupos paramilitares, 3,26 % a guerrillas y 1,37 % tienen como responsables agentes estatales. Sin embargo, si se calculan nuevamente estos porcentajes desde el punto de vista de las autorías conocidas, el porcentaje que se les atribuye a los Paramilitares ascendería a más del 80 %, ratificando lo que calculábamos anteriormente. Esta proporción vuelve a confirmarse en relación con las autorías“ determinadas” judicialmente. La Comisión Colombiana de Juristas( CCJ) analizando el período 2002-2010 y con base en 280 sentencias circa determinó que más del 60 % de las responsabilidades judiciales probadas por asesinatos de sindicalistas se imputaban a integrantes de los grupos paramilitares; mientras que proporciones cercanas al 9 % se relacionaban con guerrillas o miembros de la Fuerza Pública( Ejército y Policía)( Sanjuán et al., 2010).
Ahora bien, la no identificación de los presuntos responsables de estos crímenes no sólo ha significado negar la posibilidad de imputar la autoría de los homicidios cometidos contra los y las sindicalistas sino también la posibilidad de iniciar procesos legales que castiguen a los responsables y se restablezcan los derechos individuales y colectivos de las víctimas; lo anterior sin hablar que los verdaderos móviles del exterminio a los sindicalistas se determinen, cuestión que ha permanecido enmudecida con el auspicio del aparato institucional.
En este aspecto, la Escuela Nacional Sindical( ESN) ha denunciado que de 2.554 homicidios del total de los registrados durante las últimas dos décadas hasta el momento solamente 82 sentencias condenatorias( 3,3 % de casos técnicamente resueltos) han sido ejecutadas, lo cual supone que el nivel de impunidad del terrorismo para-estatal contra los sindicalistas y trabajadores sindicalizados llega a niveles que superan el 96 %, número cercano al Informe de la ONU( 94,4 %). El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad( DeJusticia, 2010) al realizar una evaluación sobre la función estatal de judicialización en Colombia y examinando 276 sentencias para casos de víctimas sindicales concluyó que de los procesados una abrumadora mayoría son integrantes de grupos paramilitares( 237 de los 400 procesados: 59,25 %) y, en particular, pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia( AUC).
Esta situación se continuó profundizando en forma dramática durante el último gobierno de Álvaro Uribe Vélez( y continúa incólume – desde las cifras y los gestos antisindicales y contra los trabajadores- durante la administración de Juan Manuel Santos).
Sólo hasta el año 2007, del total de violaciones a la libertad, la vida y la integridad de los y las sindicalistas cometidas en Colombia durante los últimos 20 años, más del 30 % de los casos fueron perpetuados en el gobierno de Uribe Vélez: 68 % de los hostigamientos, 52 % de