Los delitos de información y
el racismo
clase y género en Cuba y el mundo
Manuel Cuesta Morúa
Historiador y politólogo
Portavoz del Partido Arco Progresista (Parp)
Coordinador Nacional de la Plataforma Nuevo País
Miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR)
La Habana, Cuba
12
C
omo sugería Sor Juana Inés de la Cruz de
acuerdo con el excelente libro Las Trampas de la fe, del escritor mexicano Octavio
Paz, de los mínimos acontecimientos de la vida
siempre vale la pena concitar reflexiones mayores
sobre la sociedad.
Aprovecho esta perspectiva casi epistemológica
para aproximarme al tema del racismo en Cuba y
su relación controversial con un derecho que no
es ni debería ser discutible: el ejercicio de la opinión.
Como más o menos se sabe, estuve detenido a fines de enero de 2014, a propósito de la reunión en
La Habana de la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC), por el intento de
organizar un foro alternativo desde la sociedad civil. La detención sería —y fue— una anécdota represiva más, en medio del esquema fallido de
anular los pulsos vitales que conforman y dan
carta de naturaleza a la sociedad. Es importante
notar que la sociedad solo existe como espacio
autónomo respecto del Estado. En ausencia de
esta distancia, nos encontramos ante el fenómeno
de los Estados socializados que, como reflejo del
totalitarismo social, son otra cosa distinta de la
sociedad.
La detención dejó de ser una anécdota, sin embargo, por la salida política que el régimen dio al
asunto, en una movida extraña que proyectó inconscientemente, como toda proyección, la mentalidad profunda del poder en dos direcciones
clave: su negación estructural a la validez de la
opinión ―la opinión es un hecho como pluralidad de opiniones, es decir: diversidad de pareceres― y el ropaje legal de sus políticas racistas.
Me concentro aquí en la segunda de las direcciones. Al igual que la peligrosidad social como figura delictiva, que permite el encierro de los marginados ―mayormente personas negras en los estratos sociales más bajos― porque constituyen
una amenaza al orden racista de los criollos blancos, que se instituyó en Cuba desde tiempos memoriales, la difusión de noticias falsas ―de lo
que fui acusado― y la propaganda enemiga o la
supuesta filtración de información a potencias o
países extranjeros pueden comenzar a ser utilizadas como expedientes legales para contener la crítica intelectual o política al racismo estructural
que se profundiza en la Isla.
Esa es la tradición cubana en su proyecto logrado
de gestión eficaz del racismo histórico: cubrirlo y
llenarlo de justicia y legalidad para compensar su
culpa a través de la criminalización racial, como
a principios del siglo XX. Quienes están familiarizados o estén dispuestos a familiarizarse con
esta tradición de criminalizar a los otros, a partir