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"una legalidad conveniente" y de
explicarla se ocupa el historiador Boris
González Arenas por contraste con la
institucionalización del castrismo a partir
del vacío republicano posterior a 1959.
Así, cada medida legal conveniente al
régimen muestra por oposición qué
legalidad requeriría el orden democrático.
González Arenas ahonda en el bloqueo de
la participación ciudadana "desde los
primeros momentos posteriores al triunfo
revolucionario", así como en la
eliminación
de
las
instituciones
republicanas remanentes en la Ley
Fundamental de 1959, como el Tribunal
de Garantías Constitucionales, y en las
consecuencias sociales del desamparo
institucional y de la consolidación de un
Estado anómalo en la Constitución de
1976 y la secuencia de leyes que de
inmediato se dictaron para plasmar
definitivamente "el estado de cosas que
ya para entonces estaba instrumentado en
la vida cotidiana" con Fidel Castro como
el único poder político real. Este talante
autocrático del orden jurídico-estatal
impide que los múltiples y diversos
actores políticos y sociales alcancen
libremente acuerdos fundamentales, como
expone Eroisis González Suárez, activista
de la Plataforma Femenina Nuevo País,
en
su
artículo
"Sociedad
civil
independiente, partidos políticos y
participación ciudadana".
La autora alega que la sociedad civil
independiente viene desarrollándose en
Cuba de forma acelerada y es actor
determinante en la búsqueda de libertades
y derechos.

De ahí que sea necesario estructurarlas
bien
"para
canalizar
voluntades
individuales, plantear alternativas de
poder y formalizar las preferencias
ciudadanas" que socaven y acaben el
régimen de partido único a fin
de.que.puedan.coexistir.democráticamente otros movimientos políticos, entre
los cuales partidos como ArcoProgresista, Solidaridad Liberal Cubano
(PSLC), Liberal de Cuba (PLC) y otros
pudieran
desempeñar
papeles
fundamentales en la configuración de la
fisionomía política sobre la base de la
debida
correspondencia
entre
las
aspiraciones programáticas del ciudadano
y las esferas institucionales del Estado.
Dr. Juan Antonio Alvarado Ramos
Editor Jefe

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