Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 79

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PCP-SL en circunstancias particulares meses después. En septiembre, a raíz de
la muerte de Edith Lagos (una de las senderistas evadidas del penal de
Huamanga) en un choque con miembros policiales, hubo manifestaciones masi-
vas de respaldo que incluyeron una misa de cuerpo presente celebrada por el
obispo de Ayacucho, además de un entierro multitudinario en el que no faltaron
símbolos senderistas. Luego de su muerte, Edith Lagos fue convertida por la
opinión pública en la figura más conocida del senderismo y, si bien nunca fue
una dirigente partidaria importante, su imagen de joven rebelde (murió a los 19
años) dio un rostro al desconocido PCP-SL. Así, hubo congresos de la juventud
aprista ayacuchana que llevaron su nombre y dirigentes connotados del PAP
como Armando Villanueva del Campo, recibieron muy fuertes críticas en la prensa
a fines de los ochenta por haber visitado, supuestamente, su tumba en el cemen-
terio huamanguino.
Desde esta etapa inicial del conflicto, el tema de las violaciones de los derechos
humanos fue considerado en la discusión política nacional. Uno de los primeros
debates al respecto fue motivado por la protesta de prominentes miembros de la
Iglesia Católica que denunciaban las torturas sufridas por Edmundo Cox Beuzeville
en manos de la policía después de su captura, realizada el 6 de julio de 1981 en
Cusco. Cox, miembro del PCP-SL era sobrino de un respetado obispo de entonces
que denunció los hechos. Ello propició fuertes críticas de los representantes del
gobierno que reclamaron a los obispos no haber protestado de igual modo duran-
te la dictadura militar. Dos puntos quedaron muy claros a raíz de dichos eventos.
El primero fue que los miembros del PCP-SL preservaron al máximo la clandesti-
nidad de su organización al negar su militancia (su llamada «regla de oro») y, al
mismo tiempo, aprovecharon espacios democráticos en los que no creían, como el
de la defensa de los derechos humanos, para debilitar la imagen de las fuerzas de
orden. El segundo, que las denuncias sobre violaciones de derechos humanos se-
rían vistas como parte de una estrategia de la oposición y no como un problema
que el gobierno debía encarar.
A lo largo de 1982 se hizo patente que las fuerzas policiales eran incapaces de
controlar la expansión del PCP-SL en las zonas rurales de Ayacucho y de corre-
gir su mala imagen pública. Todo ello se tradujo en una demanda constante al
gobierno de turno para que actuase con mayor rigor ante el avance y las provo-
caciones del PCP-SL. El 27 de diciembre de 1982, el presidente Belaunde dio un
ultimátum de 72 horas al PCP-SL para que depusiera las armas. El 30 de diciem-
bre el gobierno entregó a las Fuerzas Armadas el control de la zona de emergen-
cia de Ayacucho. El general de brigada EP Roberto C. Noel Moral, quien había
sido Prefecto de Lima en 1979 y jefe del SIE dos años después, asumió la jefatura
del nuevo comando político-militar. El general Noel recuerda así los términos
del encargo recibido:
En el Consejo de Defensa Nacional, el Presidente del Comando Conjunto, le manifes-
tó al Presidente de la República que su orden se había cumplido. «Jefe Supremo de
las Fuerzas Armadas, Jefe Supremo de la República, Presidente de la Nación;
artículo 118 de la Constitución del Estado». El general presidente del Comando
Conjunto le indicó al Presidente de la República que para no omitir ninguna cosa
que pudiera constreñir los planes, le pedía que el Comandante General de la 2. a