Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 77

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tuchos de dinamita y armas. No hubo, en ese lapso, una respuesta estatal directa
contra el PCP-SL de parte del gobierno militar. El mismo día de la juramentación
de Fernando Belaunde Terry en su cargo de presidente se produjo un apagón par-
cial por el derribo de una torre en Huancavelica y un ataque con explosivos al local
de Acción Popular en Pasco. En general, los medios de comunicación cubrieron
escasamente las primeras acciones de propaganda armada senderista, práctica-
mente ante la trascendencia de los debates propios de la transferencia del poder a
los civiles.
El Presidente entrante encontró un país radicalmente distinto al que dejó. El
nuevo escenario le exigió lidiar con nuevos actores políticos y sociales. Entre los
primeros, el gobierno de Acción Popular ya no tuvo que enfrentar una oposición
parlamentaria de derecha, como la de APRA-UNO en su primera administración
(1963-1968), sino una oposición de izquierda sin precedentes por su radicalismo y
su tamaño. En el plano social, Belaunde enfrentaba, por primera vez, fuertes orga-
nizaciones gremiales y sindicales con presencia nacional, tales como el Sindicato
Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), la Confederación
General de Trabajadores del Perú (CGTP), la Confederación Campesina del Perú
(CCP) o la Federación Minera, que contaban con la experiencia reciente de las
luchas contra el gobierno militar y mantenían estrechos lazos con la izquierda
parlamentaria y una amplia cobertura en medios opositores.
En cuanto a la respuesta a la lucha armada, el gobierno de Acción Popular, al
igual que la mayoría de actores en el país, no terminó de comprender lo que impli-
caba el desafío planteado al Estado por el PCP-SL y su «guerra popular». Durante
varios años, el tema no ocupó un lugar prioritario en la agenda estatal ni entre las
preocupaciones sociales fuera de las zonas de emergencia. Fue tratado como un
problema de delincuencia común susceptible de ser resuelto mediante la neutrali-
zación de individuos (los «delincuentes terroristas»). En ese momento, sin embar-
go, factores ajenos a la guerra interna afectaban el desempeño policial. Entre los
más importantes estaban la extensión de la corrupción vinculada al narcotráfico y
a las disputas y tensiones entre institutos policiales (Guardia Civil, Guardia Repu-
blicana y Policía de Investigaciones del Perú), propiciadas por arraigadas y con-
trapuestas identidades corporativas. A lo largo del quinquenio, además, se insistió
en la vinculación entre el PCP-SL y parte de la izquierda legal, al punto de que el
gobierno se resistió a liberar a militantes de IU encarcelados por acusaciones de
terrorismo.
Al margen de las discusiones en la escena oficial, el PCP-SL utilizó consistentemente
todos los espacios políticos a su disposición y logró ir construyendo su organización
prácticamente sin alteraciones significativas de sus planes originales. Las
respuestas del Estado y de la sociedad estuvieron mediatizadas por razones ajenas
al proceso subversivo mismo. Para algunos sectores, era imposible aislar al PCP-
SL del resto de la izquierda radical, mientras que, para otros, la guerra sucia era
inevitable por la naturaleza misma del Estado. La Policía de Investigaciones del
Perú logró éxitos en los medios urbanos al capturar a cientos de miembros del
PCP-SL, mientras que en el campo el avance policial fue ínfimo en parte por la
insuficiencia de sus agentes y la precariedad de los puestos rurales. No obstante,
la presencia del PCP-SL no se limitó a algunas provincias del departamento de