Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 458

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PROCESO POLITICO Y LOS
G OBIERNOS
68. La CVR diferencia en primer lugar los años que van entre 1980 y 1992,
tramo que transcurrió bajo regímenes civiles electos democráticamente,
del tramo final de nuestro mandato, posterior al golpe de Estado del 5 de
abril de 1992. Ese cambio de régimen tiene una incidencia directa sobre las
responsabilidades de las máximas autoridades del Estado en torno a las
violaciones de los derechos humanos, pues la centralización del poder inci-
de en la relación más directa en principio entre el Presidente de la Repúbli-
ca y los grupos que operan encubiertos por el poder para perpetrar esas
violaciones.
69. La CVR considera que el Estado tenía derecho a utilizar sus Fuerzas Arma-
das y declarar estados de emergencia, considerados por la Constitución
vigente para afrontar situaciones de grave riesgo. La CVR deplora, sin
embargo, que los gobiernos que así lo decidieron, no tomasen las previsio-
nes para impedir los atropellos a los derechos fundamentales de la pobla-
ción, vigentes aun cuando se declaran estados de emergencia.
70. La CVR es consciente de que todo este actuar de los gobiernos estaba con-
dicionado, tanto en su debilidad como en su improvisación, por fallas pro-
fundas del Estado: i) su insuficiente cobertura territorial y densidad
institucional; ii) su falta de preparación para enfrentar un conflicto de esas
características; iii) la desconfianza que le provocaban significativos secto-
res de sus propios ciudadanos y; iv) una creciente incapacidad para some-
terse a los marcos constitucionales y legales de los que acababa de dotarse
el país a través de la Constitución de 1979.
71. La CVR rinde por eso su homenaje a los dirigentes y militantes de los par-
tidos políticos democráticos que ofrendaron su vida o sufrieron maltrato
por cumplir con honestidad con sus deberes públicos. Nos referimos tanto
a los militantes de los partidos que gobernaron, así como a los que tuvie-
ron responsabilidad parlamentaria en las regiones y municipios. Debe des-
tacarse especialmente a las autoridades locales de los lugares más afecta-
dos por la violencia, que mantuvieron la presencia del Estado peruano
muchas veces a costa del máximo sacrificio. Ellos deben ser un ejemplo
para todos en esta nueva etapa de búsqueda de democracia.
72. La CVR debe constatar, al mismo tiempo, una muy grave responsabilidad
de los gobiernos de esos años, así como de los partidos que tuvieron repre-
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otros actores implicados en actividades ilícitas. La inmensa mayoría de
los miembros de los CAD se ha reintegrado a sus comunidades, y el país
sigue teniendo una deuda con ellos. El decreto legislativo 741 promulgado
a fines de 1991, y su posterior reglamentación, sólo les reconoce
indemnizaciones a partir de la promulgación de la ley, y ha beneficiado a
un reducido número de deudos.