Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 456

59. Para la CVR, aunque la intervención militar inicial golpeó duramente la
organización y la capacidad operativa de PCP-SL, 6 produjo también una
secuela de violaciones masivas de los derechos humanos y convirtió al bie-
nio 1983-1984 en el más letal del conflicto, fundamentalmente, en Ayacucho.
Peor aun, la estrategia resultó contraproducente, pues la represión
indiscriminada en las zonas rurales postergó la ruptura entre PCP-SL y los
sectores más pobres del campesinado, y no evitó la expansión de las accio-
nes armadas a otras zonas del país.
60. La CVR señala que, en agosto de 1989, las Fuerzas Armadas aprobaron la
sistematización de una estrategia contrasubversiva. La nueva estrategia dis-
tinguía en los teatros de operaciones poblaciones amigas, neutrales y ene-
migas, y no tenía como objetivo principal el control territorial sino la elimi-
nación de las Organizaciones Político-Administrativas (OPA) o «comités
populares» senderistas; ganar a la población y aislar a la fuerza militar del
PCP-SL. La estrategia produjo resultados decisivos, como alentar la reac-
ción del campesinado contra el poder senderista y la masificación de los
comités de autodefensa, que cambiaron las relaciones entre las Fuerzas
Armadas y el campesinado.
61. En esta etapa las violaciones de derechos humanos fueron menos numero-
sas, pero más deliberadas o planificadas que en la etapa anterior. Apare-
cieron, además, escuadrones de la muerte cuya actividad llevó a que el
Perú ocupara en esos años el primer lugar en el mundo en desapariciones
forzadas de personas.
62. La CVR señala que la nueva estrategia fue aprovechada por un grupo de
oficiales que, a su vez, diseñó planes para una posible interrupción castren-
se del proceso político. Parte de esos planes autoritarios serían retornados
posteriormente para el golpe de Estado de 1992. Dichos proyectos
antidemocráticos expusieron a las Fuerzas Armadas dos grandes trastor-
nos institucionales: a) el uso de un modelo de política contrasubversiva y
la imagen de unas Fuerzas Armadas victoriosas para justificar el golpe de
Estado de 1992, y b) una tregua con el narcotráfico al definir al PCP-SL
como enemigo principal, que debía ser aislado del campesinado cocalero.
En algunos casos, y sobre todo a partir del ascenso de Vladimiro
Montesinos, esa tregua se convirtió en alianza.
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Los documentos del PCP-SL reconocen alrededor de 1,700 bajas entre militantes del partido, el ejér-
cito guerrillero popular y las denominadas «masas» que los apoyaron, para el período comprendido
entre mediados de 1983 y mediados de 1985. Aunque no hay convicción absoluta al respecto, la CVR
considera que parte de los militantes muertos del PCP-SL pueden corresponder al total de 2000 des-
aparecidos a manos del PCP-SL, sobre los que se puede razonablemente considerar que fueron jóve-
nes reclutados forzosamente que nunca más volvieron, posiblemente porque cayeron en
enfrentamientos.
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que la población se dividía entre poblados leales al Estado peruano y
poblados subversivos o «zonas rojas», sin advertir que estas últimas no
eran homogéneas y contenían por lo general sectores sobre los cuales el
PCP-SL se imponía por la coacción e incluso el terror.