Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 429

416
R ECOMENDACIONES
PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Estas recomendaciones que se ubican en tres áreas: fortalecimiento de la indepen-
dencia y autonomía de la administración de justicia, cumplimiento del debido pro-
ceso y del respeto a los derechos humanos, cambios en el sistema penitenciario.
• Fortalecer la independencia del sistema de administración de justicia. Com-
prende el sistema independiente de designación, evaluación y sanción de
magistrados, y el restablecimiento de la carrera judicial y del Ministerio
Público.
• Establecer un Poder Judicial de magistrados titulares, no de provisionales
y suplentes.
• Incorporación constitucional y legal del fuero militar al poder judicial bajo
la Corte Suprema de Justicia.
• Creación de un ente autónomo responsable del Programa de Protección de
Víctimas y Testigos.
• Establecimiento de un sistema especializado temporal para procesar casos
de crímenes y violaciones de los derechos humanos. Este sistema debería
incluir:
o Una sala de la Corte Superior de Justicia de Lima con competencia na-
cional.
o Una fiscalía superior coordinadora.
o No menos de tres juzgados penales especializados, con responsables
que tengan un suficiente conocimiento y experiencia en derechos hu-
manos y en derecho internacional humanitario.
• No menos de ocho fiscalías especializadas, tres de las cuales deberían estar
en Lima y cinco en provincias (dos en Ayacucho y una en Huánuco,
Huancayo y Abancay respectivamente).
• Impulsar un sistema integrado para tratar el tema de las personas desapa-
recidas durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000. Se propone
la creación de una Comisión Nacional para personas desaparecidas du-
rante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000 como institución autó-
noma que coordine y supervise un Plan Nacional de Investigaciones
Antropológico-Forenses, integrado por el Ministerio Público, la Defensoría del
Pueblo, Cruz Roja Internacional, iglesias e instituciones de la sociedad civil.
• Incorporar a la legislación avances de documentos internacionales vincula-
dos a la administración de justicia y al debido proceso. Establecer expresa-
mente en la Constitución la jerarquía constitucional de los tratados relativos
a derechos humanos.
• Iniciar un sostenido programa de capacitación de jueces, fiscales y aboga-
dos en Derechos Humanos, Derecho Humanitario y cultura democrática.
• Crear en el Ministerio Público una especialidad en la investigación de los
problemas de derechos humanos.
• Ejercicio permanente de la capacidad de control difuso de los jueces en
conexión con regímenes de excepción.