Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 32

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Se debe precisar que ese sesgo obedecía a la definición institucional de las organizaciones que
documentaban la violencia, cuyos objetivos eran registrar e investigar violaciones de derechos humanos
por parte del Estado.
Es decir, el grupo de víctimas cuyos nombres y casos habían sido documentados por alguna institución
y sistematizados en una base de datos (Defensoría del Pueblo 2001).
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por las fuerzas del orden en las zonas más afectadas por el conflicto. Incluso, en
varios casos, se facilitó y garantizó la impunidad a los responsables de las mismas.
Los agentes del Estado —Fuerzas Armadas y Policía—, los comités de autodefensa
y los grupos paramilitares son responsables del 37% de los muertos y desapareci-
dos reportados a la CVR. De este porcentaje de víctimas, los miembros de las
Fuerzas Armadas son responsables de poco más de los tres cuartos de los casos.
El tipo de respuesta que las Fuerzas Armadas dieron a la subversión no tenía
precedentes en la conducta de dicha institución durante las décadas anteriores a la
de 1980. En efecto, durante la dictadura que dirigieron entre 1968 y 1980, los mili-
tares peruanos incurrieron en relativamente pocas violaciones graves de los dere-
chos humanos, en comparación con las perpetradas por las dictaduras militares
de otros países de la región, especialmente Chile y Argentina.
Por otra parte, es relevante señalar que durante las décadas de la violencia
existió información relativamente amplia sobre los hechos y sobre las violaciones
de derechos humanos que se estaban produciendo. Contribuyeron a ello la exis-
tencia de una prensa libre —si bien ésta fue hostigada en ciertos lugares y en cier-
tos períodos del proceso—, la actividad de las organizaciones defensoras de los
derechos humanos y diversas investigaciones parlamentarias y judiciales. Debe
decirse, sin embargo, que éstas tuvieron poco éxito en cuanto a la sanción efectiva
de los responsables.
La CVR ha constatado, no obstante lo dicho, que existió un sesgo en la recolec-
ción de dicha información y la realización de investigaciones, pues no se
sistematizaron adecuadamente las denuncias ni se documentó e identificó sufi-
cientemente a las víctimas de hechos cuya responsabilidad era atribuida a los gru-
pos subversivos. 5 Debido a ello, antes de las investigaciones realizadas por la CVR,
dentro del grupo de víctimas que se había logrado identificar hasta entonces 6 menos
del 5% de los casos correspondían a personas asesinadas o desaparecidas por miem-
bros del PCP-SL, lo que provocó que las proyecciones realizadas anteriormente
por otras instituciones, oficiales o particulares, subestimaran en gran medida la
responsabilidad de dicha organización subversiva en lo que se refiere al número
de víctimas fatales.
Es importante analizar las dos décadas de violencia de origen político como un
proceso que alcanzó diversos grados de intensidad y de extensión geográfica y
que afectó principalmente a zonas y estratos lejanos del poder político y económi-
co del país. En varios lugares, una vez controlada la amenaza subversiva armada,
las poblaciones quedaron bajo dominio militar por extensos períodos. La lejanía
del poder y de los ámbitos de decisión, en un país fuertemente centralizado, per-
mitió que el «problema de la violencia», crucial y cotidiano para cientos de miles
de peruanos, quedara relegado entre las prioridades públicas y privadas del país
por varios años.