Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 31

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Los datos mencionados no exponen solamente la intensidad de la violencia.
Ellos muestran, también, la gravedad de las desigualdades de índole étnico cultural
que aún prevalecen en el país. La violencia, en efecto, no golpeó de manera similar
a todos los peruanos, sino que impactó desigualmente diferentes espacios geográ-
ficos y diferentes estratos de la población.
La causa inmediata y fundamental del desencadenamiento del conflicto arma-
do interno fue la decisión del Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso (PCP-
SL) de iniciar una «guerra popular» contra el Estado peruano. Esta decisión se
tomó en un momento en el cual, luego de doce años de dictadura militar, la socie-
dad peruana iniciaba una transición democrática ampliamente respaldada por la
ciudadanía y por los principales movimientos y partidos políticos nacionales.
A diferencia de otros conflictos armados internos en América Latina donde los
agentes estatales resultaron ser los principales responsables de la pérdida de vi-
das humanas 2 —especialmente de civiles desarmados—, en el caso peruano fue el
principal grupo subversivo, el PCP-SL, quien provocó el mayor número de vícti-
mas fatales, sobre todo entre la población civil. De acuerdo con los testimonios
recibidos, el 54% de las víctimas fatales reportadas a la CVR fueron causadas por
el PCP-SL. 3 La estrategia de esta agrupación implicó el uso sistemático y masivo
de métodos de extrema violencia y terror, y desconoció deliberadamente las nor-
mas básicas de la guerra y los principios de los derechos humanos.
Frente a la guerra desatada por el PCP-SL, el Estado tenía la obligación de
defender el orden constitucional y a sus ciudadanos en el marco del respeto incon-
dicional de las leyes y de los derechos fundamentales de las personas. Así pues, la
CVR ha constatado que, paradójicamente, las etapas más intensas del conflicto, en
las cuales murieron la mayoría de las víctimas y en las que los agentes del Estado
cometieron la mayor cantidad de violaciones de los derechos humanos, corres-
ponden a períodos en los que el país estaba gobernado por regímenes civiles elec-
tos democráticamente.
El Estado no tuvo capacidad para contener el avance de la subversión armada,
que se expandió en pocos años a casi todo el país. 4 Los gobernantes civiles acepta-
ron la militarización del conflicto y, abandonando sus fueros, dejaron la conduc-
ción de la lucha contrasubversiva en manos de las Fuerzas Armadas. Si bien, dada
la gravedad de los hechos, era inevitable y legítimo que los gobiernos constitucio-
nales recurrieran a declarar estados de excepción y utilizaran la fuerza militar para
hacer frente a la subversión armada, la CVR ha que ello se hizo sin tomar las
previsiones necesarias para impedir que los derechos fundamentales de la pobla-
ción fueran atropellados. Peor aun, la autoridad civil desatendió durante mucho
tiempo las miles de denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidas
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Por ejemplo en los casos de las dictaduras militares de Argentina, Chile o los conflictos internos de
América Central (Nicaragua, El Salvador, Guatemala).
Del mismo modo, es importante mencionar que, respecto de la estimación estadística del total de
víctimas realizada por la CVR, la responsabilidad de muertos y desaparecidos que se atribuye al
PCP-SL es 46%.
La CVR ha recibido testimonios de muertes y desapariciones como producto del conflicto armado
interno en todos los departamentos, salvo Moquegua y Madre de Dios. Sólo en Tacna (1) y en Tumbes
(4) la cifra de víctimas reportadas a la CVR es de un dígito.