Hatun Hillakuy 2008-Hatun Willakuy. Versión abreviada del Informe | Page 161

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Así, se concibió un plan piloto de seis meses para el «Metro». Se aspiraba a
generar una nueva etapa de captación de masas en asentamientos humanos,
urbanizaciones populares, tugurios y fábricas. Además, se puso especial atención
en el desarrollo del trabajo adecuado para atraer a la «pequeña burguesía» (inte-
lectuales, artistas, maestros, estudiantes). Una cuestión particularmente
importante fue remarcar la importancia de la captación de empleadas del hogar,
a quienes se veían como buenas informantes.
Fue entonces cuando Socorro Popular, un organismo generado, empezó a ad-
quirir una importancia inusitada hasta el punto de llegar a opacar al Comité Me-
tropolitano.
La expansión del conflicto armado
La situación en 1985 según Guzmán
A pesar de los golpes recibidos entre 1983 y 1985, el PCP-SL no sólo mantuvo su
presencia en lo que consideraba su frente principal, Ayacucho, sino que se proyec-
tó sobre otros espacios en la sierra peruana y, con renovada confianza en sus fuer-
zas, desplegó a partir de 1986 una expansión que puso en situación de alarma al
Estado peruano.
Con el cambio de gobierno del 28 de julio de 1985, cuando Alan García asumió
el mando, hubo expectativas de que se modificara la política contrasubversiva del
Estado. Pero Abimael Guzmán no tenía intención de otorgar ninguna tregua al
régimen entrante y quería, más bien, deslegitimarlo en el plazo más corto. Defi-
nió, por eso, como la tarea partidaria fundamental «desenmascarar» al Partido
Aprista Peruano (PAP), «quitarle la careta progresista», para seguir expandiendo
la guerra popular.
El Perú está ardiendo, así en CR principal, en el Sur, Centro, Norte, Lima y
Norte y Sur Chico. Ese conjunto de acciones unidas a una acción militar, el
incendio de Maruy, es lo que forzó la mano al APRA como planteáramos al
obligarlo a poner la capital en estado de emergencia y lo ha hecho y más allá
de lo que esperábamos al poner toque de queda.
Guzmán no se proponía esperar a que el PAP mostrara su «entraña represiva»,
Él estaba decidido a obligarlo a exhibirla. A pesar de la inicial voluntad mostrada
por el gobierno de investigar las masacres de Accomarca, Umaro y Bellavista y de
sancionar a los responsables, quería provocar una represión sangrienta: «Hay que
inducir al genocidio al APRA», ése es el acuerdo de la IV Plenaria; «eso es parte de
forzarle la mano al PAP, y no es propiciar la muerte porque es la reacción la que
lleva todos los días una constante guerra civil como dijo Marx»(PCP-SL 1986b).
En junio de 1986, un amotinamiento de presos senderistas en los centros pena-
les en Lima desembocó en una masacre que echó por tierra la posibilidad de una
estrategia contrasubversiva respetuosa de los derechos humanos como la que ha-
bía ofrecido el presidente García. La acción, por otra parte, resultó nuevamente
contraproducente en relación con el PCP-SL, pues la masacre no sólo coincidía
con su estrategia de «inducir genocidio», sino que fortaleció, más bien, su volun-
tad de lucha y justificó el papel de las «luminosas trincheras de combate» dentro